El Consejero Presidente del INE Lorenzo Córdova Vianello presentó una solicitud de amparo en contra de la reducción a la solicitud presupuestal del INE para 2021, aplicada por la Cámara de Diputados, y para protegerse en contra de posibles sanciones por no haberse aplicado la reducción salarial para funcionarios de dicho órgano.
Este lunes 8 de marzo, el funcionario interpuso una amparo ante cualquier investigación “por la probable comisión de faltas administrativas, derivadas de una presunta inobservancia de la normativa derivada de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos”, entre otras normativas que se violen al no reducir su salario.
Asimismo, agrega como acto reclamado la reducción aplicada por la Cámara de Diputados a la solicitud presupuestal para 2021 que hizo el organismo a su cargo, en pleno año electoral.
El recurso fue interpuesto en el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, que lo turnó a los juzgados del Centro Auxiliar de la Primera Región, mismos que tramitan las demandas de los funcionarios a los que se les han aplicado reducciones salariales.
La Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos prohíbe a todos los servidores públicos ganar más que el presidente de la República. Sin embargo, hay numerosos funcionarios de elevado rango que no han obedecido la ley y se han amparado en contra de la misma.
Así ha sido en el caso del INE, en donde se han sostenido las percepciones, superiores a las del presidente, de diversos funcionarios de alta calificación técnica.
Al inicio de este año, el INE aprobó una normativa interna para regular las remuneraciones a sus funcionarios. En ésta, no aplicó el tope de 1.7 millones de pesos anuales marcado por el salario de Andrés Manuel López Obrador, en el caso de algunos puestos especializados.
La propia Suprema Corte de Justicia se avaló a sí misma, hace más de un año, el conservar las percepciones de sus ministros, superiores al salario del presidente. La SCJN concedió en diciembre pasado al INE una suspensión de la aplicación de la ley, mediante la cual se paga hasta 50% más que al presidente a cargos especializados.
Ha concedido medidas similares a otros órganos autónomos, y de momento no se ha resuelto el fondo del asunto, que es si es constitucional o no que la mencionada ley imponga un tope a las percepciones de los funcionarios y que ese tope sea lo que gana el presidente.
Hasta donde se sabe, a Córdova no se le ha abierto ninguna investigación, pero ya interpuso un amparo en ese sentido.
