La nueva Ley de la Industria Eléctrica no es anticonstitucional, pero si la Suprema Corte de Justicia determinara que lo es, entonces impulsaré una reforma a la Constitución para que deje de serlo, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Nosotros somos muy perseverantes. ¿Qué va a pasar si declaran inconstitucional la ley? Va la reforma a la Constitución. ¿Que necesitamos dos terceras partes para aprobar una reforma constitucional? Pero que lo decida el pueblo; además, qué bien que vienen elecciones, porque por eso ellos están apostando a que no tengamos mayoría en la Cámara de Diputados, para seguir manteniendo privilegios”.
En medio de una batalla mediática y ahora legal por echar a andar su reforma en el sector eléctrico, el presidente dijo que la Ley de la Industria Eléctrica, promulgada a principio de mes “no es inconstitucional”.
Ello, a pesar de que numerosos expertos en materia legal y energética han afirmado que esta nueva norma contraviene diversos derechos protegidos por la Constitución y tratados internacionales, que tienen la misma fuerza legal que la Carta Magna.
Durante su conferencia de este miércoles, AMLO fue interrogado sobre las numerosas suspensiones provisionales que dos jueces han concedido a la aplicación de la ley, y sobre la posibilidad de que, llegado el caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación falle que contraviene la Constitución.
“Estoy seguro que no es inconstitucional la reforma, pero si lo determinan jueces, magistrados, ministros, de que es inconstitucional y que no puede proceder, enviaría una iniciativa de reforma a la Constitución, porque no puedo ser cómplice del robo, del atraco”.
Según el presidente, durante “el periodo neoliberal” se concretaron diversas privatizaciones en el sector eléctrico gracias a la corrupción y la nueva ley del sector, que fue aprobada sin cambio alguno por la mayoría de Morena en el Congreso de la Unión, fortalecerá a la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, con excepción de él mismo, su gabinete y los legisladores morenistas, ningún actor político ha aprobado la reforma.
Luego de que dos jueces han concedido alrededor de 27 suspensiones provisionales a la aplicación de la ley, el paso siguiente en los tribunales es determinar si en uno, varios o todos los casos procede conceder una suspensión definitiva.
Se concede una suspensión cuando un actor solicita amparo ante los efectos de una ley o una medida tomada por una autoridad. La suspensión implica que no se le pueden aplicar las medidas que indique la ley, la norma o la sanción, por considerar que atentan contra sus intereses o por considerar que no se siguió un proceso adecuado.
En este caso, alrededor de 15 empresas se ampararon en cuanto entró en vigor la ley y fue el juez Juan Pablo Gómez Fierro quien ha concedido el mayor número de suspensiones, que han sido de carácter general. Es decir, que benefician a otras empresas que estén en la misma situación, aun cuando no hayan promovido un amparo.
La cifra de suspensiones y empresas amparadas varía según el medio de comunicación, ya que el origen de la información son fuentes anónimas dentro del Consejo de la Judicatura Federal, pero el número ronda las 27 suspensiones y las 15 empresas amparadas.
Una de las razones por las que esta ley es anticonstitucional, es porque viola el principio de no retroactividad de la ley. En el artículo 14 constitucional se establece que “a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna” y la ley eléctrica de AMLO cancela contratos que ya habían sido firmados en beneficio de múltiples empresas.
Su aplicación provocaría fuertes pérdidas económicas y, aunque el Estado está obligado a resarcir dichas pérdidas, la ley les permite solicitar una suspensión de la aplicación de la reforma.
