La Secretaría de Gobernación (Segob) envío hoy un informe al Senado de la República en el que reporta que durante 2015 se contabilizaron un total de 27 mil 887 personas desaparecidas o no localizadas en el país.
De la cifra total, el estado de Tamaulipas encabeza la lista de entidades con mayor número de desapariciones, al registrar cinco mil 622.
De acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), las instancias competentes en las entidades federativas reportaron al 31 de diciembre de 2015, que el total de personas desaparecidas o no localizadas del fuero común fue de 26 mil 898.
Por su parte, la información remitida por la Procuraduría General de la República (PGR) reporta 989 registros de personas desaparecidas o no localizadas del fuero federal con corte al 31 de diciembre de 2015.
El informe que hoy fue enviado a la Cámara Alta detalla que las entidades federativas con mayor número de personas desaparecidas o no localizadas fueron Tamaulipas, con cinco mil 622 (20.9%); Estado de México, con dos mil 774 (10.3%); Jalisco y Nuevo León, con dos mil 230 casos cada uno; Sinaloa, con mil 848 reportes (6.9%) y Chihuahua, mil 823 (6.8%).
La suma acumulada de las personas que al 31 de diciembre de 2015 permanecían como desaparecidas o no localizadas en estas seis entidades federativas representó el 61.4% del total nacional.
El documento señala también que con excepción de Baja California Sur, el número de personas que permanecieron como desaparecidas o no localizadas tiende a ser mayor en las entidades federativas del norte del país y, en menor medida, en algunas entidades del centro o centro norte.
Mientras que el número de personas bajo esta condición suele ser más reducido en las entidades federativas del sur y sureste.
De los 26 mil 898 casos de personas no localizadas, 19 mil 714 corresponden al sexo masculino, y 7 mil 184 al femenino; en tanto que respecto al rango de edad, la mayor proporción de personas no localizadas se ubicó entre los 15 y 19 años, seguida de los de entre 20 y 24 años.
El documento fue remitido a las comisiones de Seguridad Pública y de Derechos Humanos del Senado.
(Con información de El Universal)
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