La contienda por la gubernatura de Nuevo León ha tenido viraje en varias encuestas que hoy ven al candidato de Movimiento Ciudadano, Samuel García, en la cima de preferencias electorales. Sin embargo, declaraciones hechas por el propio García son fuerte indicio de financiamiento privado irregular para su campaña, muy superior al que permite la ley. Habrá que esperar a la fiscalización final que haga el Instituto Nacional Electoral (INE), pero la inyección de dineros particulares puede convertir esa cima en abismo, costarle una multa considerable al partido, pero también, de comprobarse intervención de empresas mercantiles, significar la nulidad de un eventual triunfo para el joven político.
Samuel, como lo conocen en la entidad, ha sabido a aprovechar los tropiezos y ataques cruzados entre sus principales adversarios. En marzo, Clara Luz Flores, abanderada de Morena- PT-PVEM, perdió terreno cuando fue exhibida por el candidato Adrián de la Garza (PRI-PRD) en un video donde ella platica con Keith Ranieri, líder de la secta NXIVM y hoy preso en los Estados Unidos. Flores había negado poco conocer a Ranieri, durante una entrevista con el periodista Julio Hernández (Astillero), quien expresamente le cuestionó ese vínculo.
Ella reviró a De la Garza con spots en donde le cuestiona su relación con escándalos de corrupción muy sonados en la administración del ex gobernador Rodrigo Medina, gobierno del que el candidato formó parte.
Entre esa guerra de lodo, a río revuelto, Samuel García ha ganado terreno frente a sus competidores y, satisfecho con las mediciones demoscópicas al respecto, concedió una entrevista en la que atribuyó buena parte de ese éxito a su estrategia de “sembrar” de manera eficaz la narrativa de que es él quien encarna un “nuevo Nuevo León”, mientras que el resto de candidaturas es más de lo mismo, la “vieja política”.
Eso explicaba “Samuel” en una plática radiofónica que parecía de rutina pero que cobra hoy una relevancia mayúscula por las respuestas que dio, en las que sin pena reconoció un financiamiento privado que es totalmente irregular en los montos a los que aludió. Fue en el programa La Grillotina, conducido por el periodista Mario Gámez del grupo Dominio medios de Monterrey. La charla circuló en redes sociales el 14 de abril. Ahí se escucha a García, con toda naturalidad y sin dudar ni un instante ante los micrófonos de la emisora, asegurar que su campaña está financiada en su mayoría por recursos privados, que él ha recibido del partido político que lo postula apenas “uno y medio” (1, 500,000 pesos) y que otros 20 millones que van a completar su gasto total de esa campaña, provienen de él mismo y su familia directa, quienes habrían aportado la mayor parte de los recursos vía donación.
Dijo que se trataba de ingresos todavía no ejercidos en su totalidad: “es lo que me donó mi mamá, mi hermana, yo y el partido, es mi acumulado, y hoy llevo gastados 13 (millones) pero yo ya cuantifiqué, yo ya transparenté todo lo que me voy a gastar y asciende a 21 (millones)”. “¿Y esos 21 vienen del partido?”, preguntó el periodista. García respondió que del “partido a nivel federal, local y donaciones que me he hecho yo mismo, mi mamá y mis hermanos”. Abundó: “es un apoyo que tengo de mi familia, yo a mi familia no la escondo, ni la oculto y tenemos muchas ganas de cambiar Nuevo León y la ley permite que tengas aportaciones privadas”.
Esa cantidad gastada o por gastar violan lo permitido como donación o aportación privada en individual y también el límite general permitido para el conjunto de recursos privados que pueden obtener los partidos en la entidad durante este año.
En Nuevo León, viejo o nuevo, recibir más de 7 millones de dinero privado para las contiendas 2021 es ilegal, aunque sea propio o de familiares, porque esos dineros que no provienen del financiamiento público y por ello tienen límite por persona y por el monto total aportado para más de una persona. Cuando se trata de candidaturas postuladas por partidos, en ningún caso se pueden hacer aportaciones privadas a ese partido superiores al 10% del tope de gasto de campaña, y ese tope es de 72 millones de pesos, es decir, el máximo de aportaciones privadas es de 7.2 millones (no 13 ni 20 millones). Incluso esa y esa cifra no puede entregarla una misma persona, porque existe, de forma adicional, otro límite individual que es de 720,000 pesos por cada aportante.
Es decir, sí hay posibilidad de recibir aportaciones privadas, pero por mandato constitucional, se debe garantizar “que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado” (art. 41). Por eso, el órgano comicial del estado aprobó un acuerdo en enero (CEE/CG/005/2021), el cual implica que esas aportaciones sean individuales, no superiores a 720,000 pesos por persona y que el conjunto de todas las aportaciones o donaciones no supere 7.2 millones (según el candidato de MC ya habría 13 millones gastados en su mayoría de aportación privada y prevé que sean 20). Si el dinero viene de empresas mercantiles, el asunto se complica todavía más, porque aunque esas empresas sean familiares sería causa de nulidad automática de la elección en caso de un eventual triunfo del infractor, porque el texto constitucional también señala.
Algo similar ocurrió con el saliente gobernador Jaime Rodríguez ‘El Bronco’, quien fue candidato presidencial y fue sancionado por una triangulación de dinero que empresas depositaron a personas físicas para que estas a su vez se lo depositaran como aportación individual. No hubo debate sobre si esa conducta actualizaba causal de nulidad aquella vez, porque el Bronco no ganó la presidencia.
Samuel se coló a la cima de encuestas entre descrédito de sus rivales ocupados en descalificarse entre sí, aunque de un momento a otro, sin marca personal ni acusaciones en spots encima de él, también ha tropezado, pronto sabremos si solo es un paso en falso o el inició de algo mayor.
Y es que el candidato por el que apuesta MC confesó de manera oficiosa un financiamiento privado que es totalmente ilegal en monto, que implicará una revisión en el proceso de fiscalización que hace el INE y una sanción. En el mejor de los casos sería una multa, pero citando una expresión recurrente del candidato, en el “worst scenario”, la consecuencia de dineros privados en campaña es un debate sobre anular o no su eventual triunfo.
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