Con un oficio falso se inculpó a dos dueños de la guardería ABC y cuatro servidores del IMSS para no investigar la responsabilidad del gobierno de Sonora en el incendio de 2009 donde murieron 49 niños, denunció el abogado de los imputados, Otoniel Gómez.
En entrevista para Reforma, el representante legal explicó que el oficio 23180, presuntamente redactado por la delegación del IMSS de Sonora el 26 de julio de 2005, señalaba que la guardería necesitaba realizar varias modificaciones de seguridad.
Con este documento, el entonces procurador general de la República y actual ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora, determinó que tres socios y cuatro servidores del IMSS eran responsables directos de la muerte de los 49 menores por haber omitido las observaciones de seguridad antes mencionada.
Apenas el pasado 13 de mayo, un juez de Hermosillo dictó 28 años de cárcel a la abogada de la guardería, Sandra Téllez Nieves, y al exadministrador, Antonio Salido, por los delitos de homicidio y lesiones culposas en agravio de 87 víctimas.
Ese mismo documento sirvió para inculpar a otros 17 implicados, entre funcionarios del gobierno estatal y municipal, y de la delegación del IMSS de en Sonora, aunque un juez determinó desde 2005 que el oficio era falso.
De acuerdo con la denuncia del abogado, esta acción se realizó para desechar la línea de investigación relacionada con que el incendio inició en una bodega de la Secretaría de Hacienda estatal porque se estaban destruyendo documentos oficiales.
En tanto, Gabriel Alvarado, el abogado de la organización creada por los padres de las víctimas, Manos Unidas, informó que desde el pasado 30 de agosto interpusieron una denuncia en contra de del exgobernador de Sonora, Eduardo Bours, y el exprocurador estatal, Abel Murrieta, por falsificción de documentos.
“Este oficio fue utilizado únicamente y exclusivamente como para que se fincara o inculpara al personal del IMSS. El procurador Abel Murrieta hacía ver que todo el peso de la tragedia debía de recaer sobre el personal del Instituto y de los socios propietarios, y dejaba de lado todo lo que tuviera que ver con el Estado”, aseveró.
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