El titular de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo apeló ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la orden de hacer pública la información relacionada con las intervenciones de comunicaciones privadas realizadas por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
La apelación se da luego de que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Secretaría de Gobernación (Segob) hacer públicos los datos de las intervenciones, en mayo de este año.
El presidente del Máximo Tribunal, Luis María Aguilar, aceptó el pasado 4 de agosto la discusión del caso, por lo que ordenó al INAI no difundir la información solicitada por los particulares hasta que no se resuelva el litigio.
No es la primera vez que el Poder Ejecutivo intenta apelar este tipo de decisiones. En septiembre de 2015 el consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, interpuso un recurso de apelación para no dar a conocer el itinerario de vuelos y pasajeros de la flota del Estado Mayor Presidencial.
En otra ocasión, el Cisen dio a conocer el número de intervenciones a comunicaciones realizadas en 2014 (747 en total), de las cuales 21 se reservaron. No obstante, la dependencia no informó el número de personas investigadas ni qué dispositivos fueron intervenidos.
Aunque este tipo de datos no pueden ser utilizados como pruebas en procesos penales, las autoridades federales realizan esta actividad con base en la Ley de Seguridad Nacional de 2005, la cual permite las intervenciones cuando existe una amenaza de terrorismo, que atente contra la gobernabilidad o la estabilidad del país.
(Con información Reforma)
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