Con la decisión del electorado, garantizada por un asediado INE, la 4T debe decir adiós a su mito fundacional de los 30 millones de votos (de los que perdió 12), a su pretensión de desaparecer o capturar a los órganos que tienen autonomía constitucional como el INAI, el Banco de México, el propio INE, y despedirse también del proyecto no declarado de reelección presidencial por la vía de la reforma constitucional.
El presidente de la República emprendió el control de daños del retroceso electoral de su partido con un fingido desenfado y culpando a otros (a la prensa y a los medios internacionales).
Minimizó el traspié de su partido y presumió que seguirá teniendo mayoría en la Cámara de Diputados. Pero los números no mienten: la coalición morenista perdió la mayoría calificada en San Lázaro y Morena ya no tendrá la mayoría absoluta que le permitió presidir la Junta de Coordinación Política durante los tres años de la Legislatura que está por terminar.
Según el informe de la Secretaría General de la Cámara de Diputados, la coalición cuatroteísta (Morena+PT+PES+PVEM) tiene actualmente 336 diputados, que equivalen al 67% de los integrantes de la Cámara.
Se trata de una mayoría artificial que fue utilizada abusivamente tanto para aprobar ocurrencias convertidas en reformas constitucionales, como para intimidar a los otros poderes y a los gobiernos de los estados.
La misma fuente oficial da cuenta de que el grupo parlamentario de Morena tiene por sí solo 253 legisladores que le dan la mayoría absoluta del 51% y le permitieron la aprobación automática, “sin moverle ni una coma” a los proyectos de ley y presupuestales que el Ejecutivo remitió, así como presidir el órgano de gobierno de la Cámara durante todo el trienio.
El conteo rápido de la elección de diputados federales de este 6 de junio muestra que los partidos de la coalición gobiernista obtendrán en conjunto unos 280 diputados (por lo que bajarán su porcentaje del 67 al 56%), en tanto que Morena, por separado, quedó lejos de la mayoría absoluta, ya que del 51 descendió al 40%. Las dos condiciones mayoritarias del oficialismo se acabaron el 6 de junio, lo que tiene importantes consecuencias políticas.
El proyecto de la desaparición de los órganos autónomos y la amenaza directa a la existencia del INE fueron anunciadas por el propio López Obrador y los dóciles líderes parlamentarios. Los resultados electorales preliminares cancelaron tal iniciativa. Otro proyecto, negado en público pero anhelado con vehemencia por el huésped del Palacio Nacional, es el de la reelección presidencial mediante una reforma constitucional. Con su voto, los electores mexicanos suprimieron esa intentona transexenal.
Cuando en 2022 la Cámara de Diputados deba elegir al nuevo presidente del INE, la bancada oficial deberá consensar el nuevo nombramiento con la oposición, pues los números no le dan para resolverlo mediante la aplanadora.
La 4T se puede consolar diciendo que, con sus aliados, mantiene en San Lázaro la mayoría absoluta de Morena y que así el presidente puede sacar adelante reformas legales y el presupuesto de cada año. Pero aún para ello deberá negociar con el PVEM y el PT, que en cada votación llevarán agua a su molino sabiéndose imprescindibles para la toma de decisiones en el Pleno camaral. Podría ser mejor que López Obrador enfrente la nueva correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados emprendiendo el diálogo y los acuerdos con la oposición. Eso le permitiría la gobernanza en la segunda mitad de su sexenio, pero se duda que tenga la capacidad de asumir la nueva realidad con armas distintas del empecinamiento y la polarización.
Al resultado en las gubernaturas y a la debacle morenista en la Ciudad de México dedicaremos la columna del próximo fin de semana.
