Mediante Pegasus, entre 2016 y 2017 gobiernos de diversos países en distintas regiones del mundo intervinieron al menos 50 mil números de celulares, 15 mil (30 por ciento) de ellos en México, entre los que fueron espiados al menos 25 periodistas mexicanos. Varios de estos afirman que esa práctica ilegal continúa actualmente y sigue impune.
Lo anterior fue señalado en la investigación Proyecto Pegasus, realizada por The Washinton Post y otras 16 entidades periodísticas de 10 países, entre las que se cuenta a Proceso, Aristegui Noticias, The Guardian y Le Monde, además de las organizaciones Amnistía Internacional y Forbidden Stories. Estas última obtuvieron una lista de 50 mil teléfonos celulares que fueron intervenidos con el programa Pegasus, creado y comercializado por la empresa israelí NSO Group, que lo ha vendido a cuerpos militares y de seguridad de 40 países.
Para el caso mexicano, según la información del semanario Proceso, entre los periodistas espiados se encontraban Azam Ahmed, corresponsal de The New York Times; Carmen Aristegui (también fueron intervenidos su hijo y su hermana); Cecilio Pineda Brito, periodista guerrerense asesinado en marzo de 2017, quien denunció vínculos de políticos del estado con una banda delictiva; Ismael Bojórquez y Andrés Villarreal, de Ríodoce, y Alejandro Sicairos, fundador de ese medio y después miembro de la revista Espejo.
Otros fueron Alejandra Xanic von Bertrab, Ignacio Rodríguez Reyna y Marcela Turati. También se intentó intervenir los teléfonos de Ricardo Raphael, Yuriria Sierra, Luis Hernández Navarro, Josetxo Zaldua, Salvador García Soto, Pascal Beltrán del Río, Raymundo Riva Palacio, Ricardo Alemán, Pablo Hiriart y Lourdes Mendoza.
También fueron identificados seis miembros de Proceso de entonces: el director, Rafael Rodríguez Castañeda; los reporteros Jorge Carrasco, Arturo Rodríguez García, Álvaro Delgado y Jenaro Villamil, y Alejandro Caballero, director de la versión internet.
Entre las personas que también tuvieron intervenido su teléfono celular estaba Griselda Triana, la viuda de Javier Valdez Cárdenas, reportero de Ríodoce y La Jornada asesinado en mayo de 2017.
Además, fueron intervenidos teléfonos de personas cercanas a Andrés Manuel López Obrador, desde su esposa e hijos hasta su cardiólogo, lista que pasa por diversos colaboradores políticos.
En el caso de México, los organismos que realizaron las intervenciones fueron el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional, además de organismo que no ha sido identificado.
Marcela Turati comentó el asunto en un hilo de Twitter, y dijo que desde 2017 las autoridades mexicanas siguen “sin investigar y sancionar y por el que no se ha hecho limpia en el gobierno”.
En su cuenta de Twitter afirmó: “Sé qué hay miles de nombres y números en México sin identificar en la lista de #Pegasus que estaban en la mira. El daño podría ser sumamente mayor y extendido. Estoy segura de que son muchos más que 25 las y los periodistas mexicanos espiados. Habrá que revisar”. Y comentó: “Esto no ha parado. El gobierno mexicano sigue comprando programas de espionaje”.
Otro de los mencionados entre las víctimas de espionaje, Raymundo Riva Palacio, comentó en su columna de El Financiero, que “Pegasus fue adquirido por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y varios gobiernos estatales para vigilar a grupos criminales, y según exfuncionarios, era muy eficaz en casos de secuestro. Los abusos no tardaron. El gobierno de Peña Nieto profundizó el espionaje político con Pegasus y a través de la intervención telefónica del CISEN”.
Riva Palacio resaltó que el espionaje continúa en el gobierno de López Obrador: Pegasus fue reactivado por la Central Nacional de Inteligencia y el Ejército. Esto se debe a la necesidad de conocer de dónde sale información de la actual administración que utilizan diversos columnistas.
El columnista también comentó que, consultados al respecto, varios gobiernos que aparecen en Proyecto Pegasus como usuarios de ese programa, muchos rechazaron esa acusación, mientras que el mexicano nunca respondió a la invitación de dar réplica.
Entre los periodistas que Riva Palacio mencionó que actualmente son espiados está Héctor de Mauleón, quien en su columna de este lunes reveló que recientemente su teléfono celular fue clonado, por lo que sus comunicaciones e información pueden ser intervenidas. Y recordó, al igual que el columnista de El Financiero, que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se declaró incompetente para atender solicitudes de información sobre espionaje contra periodistas.
De Mauleón también señaló que hay capturas de pantalla que muestran que el subsecretario de la SSPC, Ricardo Mejía Berdeja, propuso que varios columnistas fueran espiados, con la intención de levantar campañas negras contra ellos.
En su colaboración en La Crónica de Hoy, Raúl Trejo Delarbre comentó que la confirmación del espionaje es otro motivo “para que la justicia mexicana se ocupe de las numerosas ilegalidades del gobierno de Peña Nieto”.
El investigador universitario añadió: “El actual gobierno dirá que el espionaje ya no existe, pero se requieren garantías y mecanismos de fiscalización eficaces para asegurar que esas prácticas desaparezcan”.
Pero la falta de respuestas claras tanto del gobierno mexicano al Proyecto Pegasus como de la SSPC a la solicitud de información respecto a este asunto dejan en claro que no existen esas condiciones.
Por otra parte, también fue recordada un reportaje de El País, publicado el 14 de abril de este año, en el que mostró que en 2019 y 2020 la Fiscalía General de la República ha comprado programas de inteligencia para geolocalización de celulares y análisis de datos masivos, adquisiciones que alcanzaron los 5.6 millones de dólares.
En México, en las investigaciones sobre Pegasus publicadas hace cuatro años, además de Citizen Lab participaron las organizaciones Artículo 19, Red en Defensa de los Derechos Digitales, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Social TIC.
Artículo 19 declaró este lunes que se trata de abusos cometidos por el Cisen, la PGR y la Sedena. Afirmó que desde hace cuatro años hay una investigación sobre el asunto, pero “no hay avances significativos”.
“Mientras el uso ilegal de #Pegasus no sea esclarecido, continuará como un obstáculo para el periodismo libre y la defensa de derechos humanos. Además, es un riesgo para la privacidad de las personas atacadas con Pegasus y una seria amenaza contra las instituciones democráticas”, concluyó Artículo 19.
Se supone que Pegasus está dirigido a intervenir teléfonos para combatir el crimen y el terrorismo, pero ha sido utilizado, como ha ocurrido en México, con periodistas, políticos, opositores, activistas, empresarios y líderes sociales, los que se pudo identificar que residían en 50 países.
Según la información difundida, entre los espiados con Pegasus había miembros de las familias reales árabes, 65 directores de empresas, 85 defensores de derechos humanos, 189 periodistas y 600 políticos de diversos niveles, desde jefes de Estrado hasta diplomáticos.
Entre los casos más graves de intervención telefónica está el de dos personas cercanas al periodista crítico del régimen saudí, Jamal Khashoggi, asesinado el 2 de octubre de 2018 en Estambul Turquía.
Consultado por The Washington Post sobre la información difundida, NSO Group no dio a conocer a cuáles gobiernos, afirmó que su programa evita ataques criminales y salva vidas. Asimismo, acusó que en la información difundida se hacen acusaciones infundadas.
El espionaje mediante el programa Pegasus fue dado a conocer desde 2016 gracias a una investigación del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, Canadá.
