Suele decir mi madre que una tragedia es cuando todo mundo tiene la razón. La cita es doblemente pertinente: porque, en asuntos moral y jurídicamente complejos como el que ha de ocuparme aquí, resulta difícil otorgar plena razón a una de las partes, y porque de hecho mi madre, Tere Vale, contendió por un cargo de elección popular por Movimiento Ciudadano –como Samuel García–, y porque yo –como la esposa de éste, Mariana Rodríguez, en la de su marido– colaboré de manera activa y gratuita en su campaña e hice publicaciones en mi cuenta de Instagram (que es la única red social en que estoy activo) en apoyo a ésta.
Hice seis publicaciones en el feed y 13 historias. Mariana, por lo que veo en su historial, hizo 37 publicaciones y decenas de historias. Pero también es cierto que yo trabajé de manera voluntaria y cotidiana en la campaña de mi madre, aun si no en una capacidad pública.
¿Hizo más Mariana o hice más yo? No hay manera de saberlo sin responder a preguntas que no tienen respuesta: ¿está más obligado un cónyuge, un hijo, ambos o ninguno? ¿Es trabajo apoyar a un familiar en campaña? ¿Es cuantificable en términos monetarios? ¿Debería serlo? Y, de ser así, ¿cuánto vale una hora de Mariana Rodríguez, cuánto una de Nicolás Alvarado, cuánto una del hijo o el padre o el cónyuge de cualquier candidato, cuánto una de Issabela Camil, René Bejarano, Félix Salgado Macedonio o Felipe Calderón?
También es posible preguntarse cuánto vale una publicación en redes de cualquiera de estas figuras públicas en apoyo a sus familiares, y aquí la respuesta será más fácil de tasar: no tienen el mismo impacto –el mismo alcance, las mismas interacciones, el mismo valor en el mercado– un post mío en Instagram, con mis menos de 3 mil seguidores, que uno de Camil –esposa de candidato– que suma más de 300 mil, o un tuit de Bejarano –esposo de candidata– con sus más de 8 mil seguidores, uno de Salgado –polémico padre de polémica candidata– con sus más de 45 mil o uno de Calderón –esposo de candidata… y ex presidente de la República– con su comunidad de más de 5 millones.
Cierto: Mariana Rodríguez comercializa sus publicaciones –a eso se dedica o dedicaba: a ser una influencer de moda– y, hasta donde sé, el resto de las personas aquí citadas no. Y, cierto, con excepción de Calderón en Twitter, Rodríguez nos deja muy atrás a todos: cuenta con un millón 800 mil seguidores en Instagram, lo que permite comercializar muy bien sus publicaciones, que de hecho están o han estado a la venta y tienen un valor en el mercado.
Si la campaña de Samuel García habría debido declarar los posts de Rodríguez en Instagram, la de Margarita Zavala habría debido hacer lo propio con los tuits del presidente Calderón –y todas hacer lo propio con los de todos los parientes solidarios de candidatos– de acuerdo a la legislación vigente.
Si el caso de Rodríguez es distinto por constituir la publicación en redes su actividad profesional preponderante, debería existir una ley que así lo previera. Pero también es cierto que no es inocuo el apoyo en redes de Rodríguez a la campaña de García (o el de Calderón a la de Zavala), no sólo por su gran número de seguidores sino por la frecuencia de las publicaciones. Y que dar un pase libre a Rodríguez y García podría sentar un precedente jurídico para la contratación de influencers disfrazada de apoyo solidario, como acusa el caso de lo que intentó hacer en el mismo proceso electoral el Partido Verde.
No hay soluciones automáticas a este asunto novísimo –es heredero de la revolución digital, a la que la legislación electoral no ha alcanzado– y las que puedan surgir deberían resultar de un proceso de parlamento abierto y un debate legislativo.
Preocupación suplementaria: el presidente de la República y su mayoría legislativa amenazan con una iniciativa de reforma electoral, y dudo francamente que estén contemplando semejantes sutilezas.
IG: @nicolasalvaradolector
