"Cuando llegó a nosotros, con un embarazo gemelar de dos meses, no podía ya comer ni respirar".
Guillermo Ortiz relata a BBC Mundo uno de los casos que más le marcaron de todos los que atendió el servicio perinatal del Hospital Nacional de Maternidad de El Salvador, un centro público, durante los 20 años en los que él estuvo al frente.
Era una mujer de "escasos recursos" que había acudido al Hospital Rosales —el principal centro público de atención general del país— por un agresivo cáncer de paladar.
Y de allí la remitieron al centro en el que trabajaba Ortiz.
"La enfermedad se la habían detectado al inicio de la gestación, pero ni siquiera le hicieron la biopsia y por supuesto no le dieron quimioterapia ni ningún otro tratamiento", cuenta.
Los médicos temían afectar con ello a los fetos y que, por consiguiente, fueran acusados de intentar llevar a cabo un aborto y condenados a hasta 12 años de cárcel.
Esa es la pena máxima que enfrentan los profesionales sanitarios de El Salvador si se prueba que realizaron tal intervención, mientras que la de las mujeres que se someten a ella es de hasta ocho.
Aunque también pueden llegar a ser sentenciadas por homicidio agravado y purgar una condena de hasta 40 años.
Hay 17 mujeres que alegaron haber sufrido abortos espontáneos encarceladas en esos términos.
http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-36870459
