La eficacia de toda propaganda reside en su grado de verosimilitud. La función de la propaganda no es difundir la verdad, ni informar o educar a sus destinatarios. Tampoco significa que sólo busque sembrar mentiras, falsedades o engaños. No. Simplemente su función es persuadir a la gente para incidir en sus acciones. En ocasiones puede ser más convincente recurrir a una parte de verdad que a una de falsedad, o viceversa, dependiendo de la coyuntura y posición de cada actor en disputa.
Esto viene a cuento a propósito del decreciente nivel de acuerdo y aprobación de prácticamente todos los gobiernos. Existe un generalizado descrédito hacia la acción de gobierno en general y del tradicional prototipo del político en particular. Al parecer, en su mayoría los gobiernos han fracasado en sus intentos por explicar y generar consensos en torno a sus programas, ante sus respectivos detractores que están generando la percepción social mayoritaria a través de fórmulas simples y directas de propaganda de descalificación. Y no hay atisbos que pudieran sugerir un cambio inmediato en los resultados de esta batalla por la percepción pública. Esto explica, en parte, la recurrencia de análisis que hablan de democracia fallida, de sus déficits, de la fragmentación de la representación política, de los vacíos en los gobiernos, etcétera.
Pensemos, a manera de ejemplo, en el caso del actual gobierno mexicano que, a pesar de ser el único que en los últimos cuatro sexenios llegó con un proyecto para los próximos veinte años y tuvo la suficiente habilidad política para pactar, negociar y plasmar en el marco normativo su vertiente programática, en términos de percepción pública está por los suelos. De hecho, es el gobierno peor evaluado por la ciudadanía desde que se tiene registro demoscópico.
Este fenómeno no se explica solamente por las fallidas campañas de publicidad orientadas a persuadir de la bondad y beneficios de las tristemente célebres reformas estructurales, sino por la creciente y consistente disposición social en cuestionar todo lo que provenga del gobierno. Sin lugar a dudas existe una predisposición social a creer en los rumores más descabellados que pueda uno imaginar con tal que ayuden a criticar al gobierno y develar sus oscuras intenciones.
Tal es el caso de la Reforma Educativa que, con la complejidad que implica, es descalificada con la consigna de que lo que en realidad pretende el gobierno es privatizar la educación. Así, todo debate sobre el modelo educativo, sobre la evaluación al magisterio o sobre los estímulos a estudiantes y profesores son anulados de antemano pues en el fondo esconden la aviesa intención de privatizar la educación. De igual manera toda resistencia a esta reforma se justifica como una lucha social y heroica por detener esta pretensión de privatizar la educación pública. En esta disputa por la opinión pública no hay espacio para la reflexión, ni para la argumentación elaborada y mucho menos para ejercicios dialecticos en busca de la verdad y de lo más conveniente para el país. Aquí el clásico y tradicional rumor en las calles vence a toda estrategia multimillonaria de comunicación en medios y redes sociales. La razón es que lo que dice el rumor es más verosímil para la gente, pues es más fácil, claro y rápido de captar y entender y, por su puesto, de viralizar.
Evidentemente, la credibilidad en algo parte del grado de confianza que se tiene o no en el actor que dice las cosas. La credibilidad del mensaje es directamente proporcional al nivel de confianza o desconfianza que se tenga del mensajero. Por ello en algunos casos, como en el del gobierno mexicano, el primer paso es tratar de generar un grado mínimo de credibilidad social o, por lo menos, que la opinión pública otorgue el beneficio de la duda en torno a la acción de gobierno. De ahí que tenga sentido político el perdón público solicitado por el presidente Peña Nieto el 18 de julio de 2016 durante la presentación del Sistema Nacional Anticorrupción por haber manchado la investidura presidencial con el asunto de la casa blanca. Con el perdón solicitado la confianza social no se restituirá de manera inmediata y automática, pero sí es indudable que constituye el primer paso necesario para que el gobierno recupere la confianza y credibilidad ciudadana, pues, como afirma Anna Harendt, la noción cristiana del perdón en la filosofía política nos conduce a la oportunidad de un nuevo comienzo.
Sólo con verisimilitud es posible dar la batalla con cierta expectativa de triunfo sobre la conciencia colectiva y la aceptación social. Es una lección que no habrían de pasar por alto los actores políticos.
