El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó aplazar algunas de las acciones preparatorias del ejercicio de la revocación de mandato por insuficiencia presupuestaria, mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelve la controversia constitucional presentada por ese órgano o se le dota de los recursos.
En una cerrada votación de seis contra cinco entre los consejeros, el INE aprobó el acuerdo por el que son aplazadas algunas de las acciones relacionadas con el proceso de revocación de mandato. Los seis votos a favor fueron de los consejeros Ciro Murayama, Jaime Rivera, Roberto Ruiz, Claudia Zavala, Dania Ravel y Lorenzo Córdova, mientras que en contra lo hicieron Norma de la Cruz, Martín Faz, Uuc-kib Espadas, Carla Humphrey y Adriana Favela.
En su intervención inicial, el consejero presidente Lorenzo Córdova planteó que el ejercicio de revocación de mandato no puede llevarse a cabo en los términos que ordena la ley sólo con los recursos con que cuenta el INE. Se requieren 3 mil 830 millones de pesos, pero pese a ahorros el instituto sólo ha logrado reunir mil 500, por lo que faltan más de mil 300 millones. Por ello presentó una controversia constitucional en la SCJN.
Algunos consejeros plantearon la posibilidad de abaratar el proceso, como instalar menos casillas, no hacer las boletas en papel seguridad y eliminar el conteo rápido. Otro recordaron que la ley es la que establece que el ejercicio se debe hacer como un proceso electoral, y por ello no se pueden disminuir las medidas de certeza y seguridad del ejercicio.
Entre los primeros estuvieron Humphrey, Faz y Favela, quienes plantearon, por ejemplo, eliminar el conteo rápido, reducir el número de casillas, sustituir manuales impresos con aplicaciones, eliminar papelería electoral que no sea indispensable, reducir número de funcionarios de casilla, no imprimir las boletas en papel seguridad
En contra de esas opiniones Murayama que para enero se requiere contratar capacitadores, convocar a 12 millones de ciudadanos e instalar consejos locales y distritales, pero no hay fondos para hacerlo.
Añadió que no es posible hacer procesos electorales fuera de los términos legales y constitucionales. Dijo que se debe cumplir la Constitución, no los caprichos del gobierno en turno. Por ello, quienes tomarán las decisiones respecto al problema serán la SCJN y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Por su parte, Zavala comentó que la ley obliga a garantizar todas las reglas de unas elecciones, y la ley respectiva obliga a poner el mismo número de casillas que en una jornada electoral, por ejemplo. Respecto a ahorros como los propuestos dijo que son minucias insuficientes, y agregó que tan sólo garantizar las mesas directivas de casilla asciende a mil 800 millones de pesos.
Por su parte, Rivera explicó que propuestas de ahorro como la eliminación del conteo rápido “nos ahorraría la fabulosa cantidad de 600 mil pesos”. La única actividad que podría ser significativa es disminuir drásticamente el número de casillas, pero la ley obliga a instalar una cantidad igual a las de las elecciones pasadas.
Una intervención importante fue la de la consejera Claudia Zavala, quien aclaró que el INE no puede establecer compromisos presupuestarios porque, en caso de incumplimiento por falta de recursos, los consejeros incurrirían en responsabilidades administrativas establecidas en la ley. Por ello no pueden iniciar las etapas preparatorias sin la garantía de contar con los recursos respectivos.
Al responder la propuesta de diálogo de uno de los representantes de Morena, Córdova afirmó que la Cámara de Diputados puede ajustar el Presupuesto de Egresos, y el INE podría seguir trabajando normalmente en la revocación de mandato. Incluso dijo que el presidente López Obrador podría instruir a la Secretaría de Hacienda para hacer una ampliación presupuestaria. Con ello, dijo Córdova, el INE pone sobre la mesa si hay voluntad o no para realizar la revocación de mandato, o si son sólo discursos vacíos.
El consejero presidente dijo que el acuerdo deja abierta la puerta para resolver una decisión que no fue suficientemente ponderada en sus consecuencias por la Cámara de Diputados.
Se aclaró que la aprobación del acuerdo no afecta la validación de firmas de apoyo a la revocación de mandato, labores que continuarán.
