La detención de Édgar Garrido no ofendió a los matraqueros que son plaga en las mañaneras obradoristas. Su indignación es selectiva: sólo aparece para condenar a los adversarios de su patrón.
Así pues, si se elimina la justicia, ¿qué son los reinos sino grandes bandas de ladrones?, porque también las bandas de ladrones ¿qué son sino pequeños reinos?
San Agustín. La ciudad de Dios.
Hace unos minutos vi en Twitter la detención del fotoperiodista Édgar Garrido, por parte de policías de la Ciudad de México, en la alcaldía Benito Juárez. El maltrato se agrava por la torpeza e ineptitud de los agentes, que lo hacen caer en la caja de una pick-up. En el video se aprecia a un sujeto que dirige el operativo, portando una boina roja que recuerda la de Hugo Chávez. Hasta para ser ridículos carecen de originalidad en el país de Sheinbaum.
Las versiones preliminares señalan que el periodista de Reuters y ganador del Pulitzer fue arrestado por tomar fotografías en la vía pública. Obviamente, ninguno de los matraqueros recurrentes de la mañanera, como Hans Salazar, han salido a condenar el hecho, lo que refrenda que su defensa de la libertad de expresión es selectiva y de dientes para afuera.
El caso de Garrido es apenas una muestra del tipo de policías y autoridades que padecemos en México. Hace unos días se difundió otro video donde policías de Edomex golpean a un ciudadano… porque estaba grabando la conducta de esos agentes. Tengo la certeza de que los gobernantes de este país actúan con tal prepotencia porque están convencidos de que nunca habrá disturbios, ni protestas, como los acontecidos en Estados Unidos por la muerte de George Floyd. Claro que México tiene colectivos que protestan violentamente, pero ni de lejos se acercan a los movimientos estadounidenses, ni en cantidad, ni en magnitud. Algunos medios como etcétera, asociaciones como Artículo 19, Reporteros sin fronteras o periodistas como Elisa Alanís o Azucena Uresti levantarán la voz porque, otra vez, los que tienen el poder gubernativo agredieron a ciudadanos, que son los patrones y fondeadores de esas bestias con placa… pero, más allá de esas críticas y protestas, nada pasará.
Lo que distingue a la democracia de otras formas de gobierno es una doble cualidad: a) todo poder tiene controles y límites legales; y b) los gobernantes son empleados de los ciudadanos. El ciudadano es el centro de todo en una sociedad democrática: las libertades son para él, el gobierno está al servicio de él, las leyes son para facilitarle las cosas a él y es él quien paga el gobierno. Cuando cualquiera de estos elementos falta, tenemos a un agente corrompido. Los gendarmes imitadores de bolivarianos que detuvieron a Édgar Garrido seguramente correrían despavoridos ante la presencia de delincuentes profesionales o miembros de un cartel: los policías son muy valientes con periodistas indefensos, pero la inseguridad galopante del país evidencia que carecen de agallas contra quienes sí pueden hacerles frente.
Los medios hemos fallado en transmitirle a la sociedad que la agresión a periodistas es muy grave: a las audiencias poco les importan estos sucesos. Debe reiterarse que la vida un reportero, un juez, un defensor de derechos humanos o un activista, no vale más que la del resto de los ciudadanos, pero, cuando los guardianes de la democracia son silenciados, la república se pudre más.
Alf Ross, Hans Kelsen, San Agustín y, antes de ellos, Séneca, se cuestionaron sobre lo que distingue a un gobierno de una banda de delincuentes. Si prescindimos de la finalidad benéfica del Estado, una pandilla hace lo mismo que un gobernante: ejerce una autoridad exclusiva en un territorio determinado, bajo las reglas que ella misma fija. Por eso las democracias desconfían de los caudillos e iluminados, porque estos sujetos pretenden ejercer el poder sin límites, ni controles y su criterio para definir lo justo y benéfico es que acomode a los intereses de su grupo político. Un régimen donde los periodistas son agredidos por hacer su trabajo, que es informar a la gente, no puede ser una democracia.
La definición del trabajo periodístico no incluye calumniar, difamar o intrigar, porque ninguna de esas conductas informa, sino que deforma. Exigir que se respete el trabajo periodístico no implica otorgar una patente de corso o certificado de impunidad a quienes difunden datos no veraces, malintencionados, sesgados o tendenciosos: eso no es periodismo, es propaganda o revancha política. Lo que se reclama, desde los medios y organizaciones civiles, es que ningún poder del Estado interfiera con la recabación, difusión y consumo de informaciones veraces de interés público.
Ya es hora de que las leyes establezcan como delito que los policías o autoridades obstruyan la grabación de sucesos conflictivos en la vía pública. Decía un viejo déspota que los de su clase, los políticos, se parecían a los perros: sólo a periodicazos entendían. La verdad es que, actualmente, a los detentadores del poder les resbala la prensa: para no abusar, necesitan mayores incentivos que una mala nota. Una de las luchas democráticas inmediatas es lograr que toda afectación violenta de los derechos humanos sea castigada de forma contundente. Un policía que detiene violentamente a periodistas o ciudadanos debería ser cesado, inhabilitado y condenado a prisión no conmutable, sin beneficios. Ese tipo de sanciones también debería alcanzar a sus jefes, autores intelectuales de esos abusos. Mientras esto no pase, la democracia mexicana seguirá siendo una ficción operada por un Estado delincuente.
Les deseo un feliz 2022, con vida, salud y prosperidad.
