Delfina Gómez está señalada dos veces como responsable de cometer graves violaciones a la Constitución y a las leyes, infracciones que ameritan penas de prisión. Se trata de sentencias definitivas e inatacables del máximo tribunal electoral del país que, con su nombre y apellidos, implican a la hoy titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en los casos de los diezmos de Texcoco y de la operación inconstitucional de los mal llamados Servidores de la Nación. Pese a esos graves señalamientos, la funcionaria no será destituida pues tiene una garantía presidencial de impunidad, como la que recibió Rosario Robles cuando era integrante del gabinete presidencial en el sexenio anterior.
El 13 de agosto de 2013, en Zinacantán, Chiapas, el entonces presidente Enrique Peña Nieto le dijo a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social de su gobierno: “Rosario: no te preocupes, hay que aguantar”. De esa manera, a Robles se le prometió que no se investigarían las denuncias por desvío de fondos para apoyar las campañas del partido oficial pero, como se sabe, tal garantía expiró con el sexenio peñanietista y la exfuncionaria sufre prisión desde hace dos años.
Delfina Gómez sigue un camino similar al de Rosario. En ambos casos, el presidente en turno las resguardó de las denuncias por el desvío de recursos públicos en que incurrieron en sus cargos públicos. Aunque en el caso de Delfina hay un agravante, puesto que las denuncias dieron ya lugar a sentencias definitivas e inatacables.
Mientras fue superdelegada de López Obrador en el Estado de México, la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) encontró a Gómez responsable por el uso indebido de recursos públicos con elementos de promoción personalizada a favor del presidente y también por desacatar las medidas cautelares del Instituto Nacional Electoral (INE). Aunque la funcionaria impugnó, en la sentencia SUP-REP-59/2020 de marzo de 2020 la Sala Superior del TEPJF desechó su impugnación por extemporánea (le fallaron los abogados), por lo que la determinación previa quedó firme, pero está pendiente hasta la fecha que la sancione la Secretaría de la Función Pública y que proceda en su contra (y también de todos los implicados) la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.
El pasado miércoles, el TEPJF dictó sentencia en el caso “Diezmo en Texcoco”. Quedó demostrado que, siendo alcaldesa de ese municipio, Delfina Gómez descontó ilegalmente el 10 por ciento de los salarios de los empleados del ayuntamiento para financiar al partido Morena. Por cierto, también quedó probado que otro de los participantes en esta estafa fue Horacio Duarte Olivares, entonces secretario del Ayuntamiento texcocano, exrepresentante electoral de ese partido y ahora también encumbrado funcionario del gobierno federal.
Ante esa grave sentencia, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no procedió contra la funcionaria que cometió tan graves y probadas infracciones, las cuales ameritan fuertes sanciones. No le pidió la renuncia, no la destituyó o la separó provisionalmente del cargo; es más, ni siquiera la amonestó formal o informalmente. Ausente por enfermedad de su talk show matutino, el presidente de la República la hizo invitar al día siguiente a la acostumbrada puesta en escena y ordenó omitir cualquier mención a la reciente determinación judicial que la implicó.
“No te preocupes, Delfina”, pareció escuchar la titular de la SEP y, como Rosario Robles en su momento, ella reaccionó garbosa ante la patente presidencial de impunidad. De la experiencia ajena, la funcionaria cuatroteísta debiera aprender que ese tipo de garantías tienen fecha de caducidad y que los sexenios no son eternos.
Cincelada: se pronosticó el desacato a la sentencia que ordena al gobierno dotar al INE del presupuesto para la farsa de revocación (la entrevista salió en Siempre! el 23/12/2021).
