El propio José Ramón López Beltrán reveló que su empleador en Estados Unidos es una empresa que forma parte del Grupo Vidanta. Eso lo confirmó el propio inquilino de Palacio Nacional y padre de aquél. Pero resulta que el capitalismo de cuates, política practicada por el gobierno de la autodenominada 4T, incluye a este grupo empresarial: su dueño forma parte del Consejo Asesor Empresarial de Andrés Manuel López Obrador.
Primero, la investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad que difundió Latinus y replicaron Aristegui Noticias y otros medios, dio cuenta de que López Beltrán ocupó en Houston, Texas, la mansión propiedad de un directivo de Baker Hughes, empresa petrolera estadounidense que ha recibido del gobierno de López Obrador contratos por cientos de millones de dólares. En lugar de aclarar este primer conflicto de interés, el presidente hizo una campaña de ataques contra los periodistas Carmen Aristegui, Carlos Loret y contra todo aquel que difundiera u opinara sobre la “Mansión del Bienestar” o “Casa Gris”.
Pasaron más de dos semanas en las que guardó silencio, hasta que el vástago presidencial intentó salir al paso de los cuestionamientos e informó que se dedica a la abogacía, empleado por una empresa con sede en aquella ciudad texana. Pero, por querer tapar un hoyo, el presidente de la República y su hijo destaparon otro, pues ellos mismos dieron a conocer un segundo conflicto de interés.
Resulta que dicha empresa es propiedad de la familia de Daniel Chávez Morán, dueño del Grupo Vidanta, cuyas compañías se dedican principalmente a la hotelería y bienes raíces. Como lo ha declarado el propio empresario, este grupo obtuvo importantes concesiones, permisos y autorizaciones de los gobiernos de anteriores sexenios, y la actual administración las ha actualizado y ampliado a través de las secretarías de Turismo y de Medio Ambiente Recursos Naturales, y de la Comisión Nacional del Agua. Un reporte detallado al respecto lo dio a conocer un oportuno reportaje de Marco Muedano del portal La Silla Rota (15/02/2022).
Tales actualizaciones y ampliaciones permiten la construcción, ampliación y funcionamiento de complejos turísticos en zonas naturales protegidas, concesiones para la extracción de mantos acuíferos para el riego de campos de golf, el uso exclusivo de playas en Puerto Vallarta, Puerto Peñasco y Acapulco (virtuales privatizaciones) y hasta un proyecto relacionado con el Aeropuerto Internacional de Mar de Cortés.
Debido a que salió a colación el cargo de supervisor de la obra del Tren Maya que el empresario mencionado ostenta, el presidente se apresuró a aclarar que dicha encomienda la desempeña en forma honorífica, sin cobrar sueldo. Pero omitió decir que el empresario tiene intereses en la región, particularmente en la Riviera Maya de Quintana Roo, en donde cuenta con hoteles y resorts, campos de golf y desarrollos residenciales, todos ellos ubicados (casualmente) en las inmediaciones del recorrido de la vía férrea en construcción.
La ley vigente en México define al conflicto de interés como la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de los servidores públicos debido a intereses personales, familiares o de negocios. El artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas obliga a los servidores públicos a evitar y dar cuenta de los intereses que puedan entrar en conflicto con sus facultades y obligaciones, en tanto que el artículo 31 estipula que las dependencias gubernamentales y sus Órganos Internos de Control verificarán la situación o posible actualización de algún conflicto de interés. El artículo 58 tipifica esta conducta como falta administrativa.
La revelación del empleo del hijo del presidente incorporó a la escena un segundo conflicto de interés de la familia presidencial. Al que se detectó con “la Mansión del Bienestar” se sumó el que implica la relación laboral de López Beltrán con uno de los empresarios más cercanos al presidente de la República. El gobierno está obligado legalmente a investigar estos casos, hacer las aclaraciones que procedan y, en su caso, sancionar dicha falta.
Cincelada: traidor a la patria es quien viola, reincidente y retadoramente, la Constitución que juró cumplir y hacer cumplir, así como quienes le aplauden.
Twitter: @rafaelhdeze
