“Un cómico es enjuiciado por insultar a un legislador” parece la entrada de un chiste polaco durante la Guerra Fría. La misma idea de que un parlamentario, un detentador del poder, miembro del partido en el gobierno, presente una denuncia contra un ciudadano porque le ofendieron sus dichos y que la Fiscalía, rauda y veloz, abra una carpeta para investigar al sujeto, tiene un color tan soviético que solo le hace falta mencionar al presidio en el gulag siberiano. Lo grave es que no es un chiste, sino la acción punitiva de la senadora Bertha Caraveo contra el youtuber Chumel Torres por las críticas que le hizo.
Para el diccionario, insultar y ofender son equivalentes, al punto que define insultar como “ofender a alguien provocándolo e irritándolo con palabras o acciones”. La Corte Suprema mexicana no comparte ese criterio: niega que exista el derecho al insulto, pero admite que se puedan proferir ofensas, siempre y cuando no sean gratuitas. Planteado de otra forma, la Constitución no prohíbe el uso de “expresiones inusuales, alternativas, indecentes, escandalosas, excéntricas o simplemente contrarias a las creencias y posturas mayoritarias”, sino que solo considera ilícitas a las declaraciones absolutamente vejatorias, “entendiendo como tales las que sean: a) ofensivas u oprobiosas, según el contexto; y, b) impertinentes para expresar opiniones o informaciones, según tengan o no relación con lo manifestado”. Para que no quede duda sobre el valor del contexto de las expresiones, la Corte señala que “su importancia estriba en que la situación política o social de un Estado y las circunstancias concurrentes a la publicación de la nota pueden disminuir la significación ofensiva y aumentar el grado de tolerancia”.
Esta fuera de duda que Chumel usó palabras soeces respecto a la senadora Caraveo, pero sus declaraciones son pertinentes para expresar una crítica política al ejercicio de la función pública de la legisladora. En breve, lo de Chumel no son insultos gratuitos, no debe olvidarse que “el debate en temas de interés público debe ser desinhibido, robusto y abierto, pudiendo incluir ataques vehementes, cáusticos y desagradablemente mordaces sobre personajes públicos o, en general, ideas que puedan ser recibidas desfavorablemente por sus destinatarios y la opinión pública, de modo que no sólo se encuentran protegidas las ideas que son recibidas favorablemente o las que son vistas como inofensivas o indiferentes. Estas son las demandas de una sociedad plural, tolerante y abierta, sin la cual no existe una verdadera democracia”.
¿En el caso hay violencia política de género? No, de acuerdo a lo que ha señalado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya que las palabras de Chumel no se basa en elementos de género: a) no se dirige a una mujer por ser mujer; b) no tiene un impacto diferenciado en las mujeres; y c) no afecta desproporcionadamente a las mujeres. El youtuber cuestionó la inteligencia de la senadora, su sumisión al presidente y su familia, así como su falta de representación de los chihuahuenses. ¿De qué forma esas expresiones menoscaban o anulan “el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres”? De ninguna, el poder de la senadora Caraveo goza de cabal salud.
Las sociedades democráticas critican, atacan e insultan a sus políticos. Que un funcionario público pida sanciones penales, para un ciudadano que lo critica, es totalmente antiliberal, por si nos quedaban dudas del parentesco del morenismo con los regímenes húngaros, turcos, venezolanos y rusos. Son hermanos de una misma madre, con muchos nombres: la represión de la crítica, la restricción de la libertad ciudadana y la anulación del derecho a examinar del ejercicio del poder. Hasta en eso, la 4T tiene a México sumido en una cultura retrasada y autoritaria. Nos toca defender el derecho de criticar a cualquier gobernante, siempre y en cualquier escenario, en que se cuestione el ejercicio de poderes y recursos públicos.
