La Asociación Civil Artículo 19, caracterizada por defender los derechos de los periodistas y medios de comunicación mexicanos, advirtió que desde las conferencias mañaneras el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha dedicado a difundir datos falsos y a cancelar el acceso a la información, lo cual no solo atenta contra el derecho a la información de la ciudadanía, sino que pone el riesgo la integridad física de las y los profesionales de la comunicación.
“Todo se concentra en la voz del presidente, quien descalifica, ataca, estigmatiza; pero además aporta datos que no son verdaderos”, consideró la organización defensora de la libertad de expresión, que hoy presentó su informe anual.
Si se compara el número de agresiones documentadas contra la prensa en los tres primeros años del gobierno de Enrique Peña Nieto con lo que va del mandato de Andrés Manuel López Obrador, estas han incrementado en 85%. Tan solo en 2021, Artículo 19 documentó 644 ataques contra periodistas, es decir, uno cada 14 horas.
“No nacimos hace tres años. Precisamente por eso, sabemos, a pesar de la negación, que hoy el ejercicio de la libertad de expresión no tiene mejores condiciones que antes del 2018”, afirma la organización en su informe anual 2021 titulado Negación.
“La continua violencia contra la prensa es el resultado de gobiernos ausentes, tanto el actual como los pasados, que han sido incapaces de impedir la violencia, de garantizar medidas de no repetición, de investigar los crímenes contra la libertad de expresión y de reparar el daño, y que, por el contrario, agreden directamente a los medios mediante el estigma, la violencia física y el acoso, entre otros agravios”, subrayó.
De acuerdo con el informe, en lo que va del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se han registrado 1,945 ataques contra la prensa, entre ellos, el asesinato de 33 periodistas (hasta marzo de 2022) y la desaparición de dos más. Si estos datos se contrastan con los registrados por Artículo 19 durante los primeros tres años del gobierno de Enrique Peña Nieto cuando se documentaron 1,053 agresiones, entre ellos, el asesinato de 16 comunicadores, se advierte un incremento del 85%.
El aumento de la violencia en el último trienio, detalla la organización, está directamente vinculado a las omisiones de las autoridades. “Por un lado, no rechazan la violencia contra la prensa y, por el otro, utilizan el poder público para agredir y censurar”, puntualizan.
Durante 2021 las agresiones más comunes contra la prensa fueron: la intimidación, con 199 casos (30.95%); las amenazas, con 96 ocasiones (14.91%), y el uso ilegítimo del poder público, que ocurrió 64 veces (9.94%). En conjunto, estos tres tipos de ataques representan el 55.8% del total.
Sobre el uso ilegítimo del poder público a través de hostigamientos judiciales, para lo que se puede recurrir a la normativa electoral, civil o penal, es importante señalar que año con año esta forma de violencia contra los periodistas ha tenido un incremento inquietante.
En 2015, por ejemplo, Artículo 19 documentó solo un caso de hostigamiento judicial y un año después se documentaron 13. Para 2019, ya eran 21 casos y en 2020 escalaron a 39 casos.
“En 2021 se documentaron 40, de los cuales 18 fueron demandas en materia electoral, ocho penales, ocho administrativas y seis civiles. Dicho de otra forma, en 2021, se demandó, en promedio, a tres periodistas o medios cada mes por ejercer el derecho a informar”, revela el informe anual.
El presidente López Obrador, continúa el documento, utiliza su conferencia matutina para estigmatizar la labor periodística, lo que ha abonado a que miles de periodistas deban ejercer su labor en un contexto hostil. Incluso, revela Artículo 19, en 2021 –por primera vez– se registraron ataques contra la prensa en las 32 entidades del país. Ningún estado es ajeno a esta situación.
La Ciudad de México con 100 ataques (15.53%); Guerrero con 52 (8.07%); Puebla con 46 (7.14%); Baja California con 44 (6.83%), y Yucatán con 39 (6.06%), son las entidades en donde más agresiones se registraron. En conjunto, estas entidades concentran el 43.63% de los atentados contra la prensa.
El informe detalla, por ejemplo, que en la CDMX los periodistas que más violencia padecen son quienes cubren las acciones de personas funcionarias públicas, sus procesos de transparencia o de corrupción. “Con 33 ataques perpetrados por personas funcionarias civiles y por fuerzas de seguridad civiles, es también la entidad con más agresiones realizadas por autoridades locales”, exponen.
En tanto, en Guerrero –segunda entidad con mayor número de ataques contra la prensa–, el 19.23% de las agresiones fueron cometidas por integrantes del crimen organizado, mientras que 38.46% fueron perpetradas por personas servidoras públicas, lo cual refleja la colusión y las pugnas por el poder en la entidad “que tienen larga data en el marco de una historia cargada de cacicazgos, intervenciones militares, represión y pobreza”.
El comunicador independiente, Bernandino Hernández, lo ha vivido desde 2019 al ser víctima de múltiples agresiones por su ejercicio profesional cubriendo la inseguridad que se vive en Acapulco y en municipios aledaños. De acuerdo con su testimonio, contenido en el informe de Artículo 19, cuando acudió a la policía a reportar homicidios, la respuesta que recibió fue que dejara de hacerlo o que “se atuviera a las consecuencias”.
En 2021 de nueva cuenta fue víctima de agresiones, en esta ocasión, por parte de integrantes de la delincuencia organizada quienes lo forzaron a publicar información sobre las actividades que llevaba a cabo el grupo delincuencial. Denunciar los hechos representó ser víctima de más agresiones.
“Oficiales de la policía me dicen: ‘atente a las consecuencias de lo que estás diciendo’. En los mismos Ministerios Públicos donde hace uno la denuncia, deja su número y tiempo después nos llegan mensajes y amenazas a nuestros teléfonos”, señaló.
El reporte también señala la utilización facciosa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para defender personas funcionarias señaladas de violar derechos humanos de periodistas. Artículo 19 consultó a 35 comunicadores respecto a la confianza para presentar una queja o solicitar apoyo a la CNDH. De ellas, el 56% afirmó no confiar en ella.
Aunque existen algunos avances en el tema de violaciones a los derechos humanos, el informe advierte que las políticas continúan planteándose de manera disociada. El gobierno federal usa fechas y espacios que se asocian con la represión por parte del Estado para avanzar una narrativa de compromiso con los derechos humanos y diferencia con gobiernos anteriores. No obstante, las violaciones a derechos humanos continúan, e incluso algunas de ellas aumentaron en la actual administración.
