El fascismo es la movilización armada de las masas mediante un líder carismático en torno a dos principios rectores: el nacionalismo y la pureza del Pueblo. El régimen obradorista se ancla en el líder carismático, el nacionalismo, una idílica idea del pueblo bueno, y una creciente militarización asociada a la idea de que las Fuerzas Armadas son “pueblo uniformado”. La movilización de masas en el obradorismo no es hasta ahora armada en el sentido bélico, como sucede en los referentes extremos del fascismo, de modo que no podemos hablar de un régimen propiamente fascista como los del siglo XX, pero sí uno fascistoide, que la RAE define como “tendiente al fascismo”.
No hay mejor signo de esa tendencia que la amenaza con denunciar penalmente, por traición a la patria, a los 223 diputados de la oposición que frenaron la contrarreforma morenista del sector eléctrico. Decía Mario Delgado, presidente del partido: “Es una reforma que trataba de regresarle la soberanía en el sector eléctrico a la nación, y como Morena es un instrumento de lucha del pueblo, vamos acompañar esta denuncia penal con toda la gente que quiera unirse”.
Ahí vemos, de manera diáfana, lo que José Woldenberg –uno de los padres de nuestra democracia–, citando a Ricardo Becerra, refirió como “ácidos fascistoides”. Se trata de la posible judicialización de representantes democráticamente electos por haberse opuesto a la voluntad de quien dice encarnar la idea única de nación. Votar en contra del partido en el poder es contravenir la “lucha del Pueblo”. La pinza se cierra cuando Ignacio Mier, el coordinador de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados, celebra durante el “Festival de la Soberanía Nacional” la instalación de un “paredón pacífico” en el que los mexicanos “los fusilen [a los diputados opositores] con su pluma y lápiz por traidores, de manera pacífica, como le sucedió a sus bisabuelos políticos Miramón y Mejía. Ellos sí fueron fusilados por traición a la patria”.
Existe la tentación de calificar esta como pura retórica electoral rumbo al 2024. Dicen los incautos que la acusación de traición a la patria no es nueva y que siempre se ha usado con ligereza para el circo político. De hecho, los que la usan actualmente son los mismos que la usaban ayer cuando eran oposición –como la hoy ministra de la Suprema Corte Loretta Ortiz– y a propósito del mismo tema. La diferencia es que hoy están en el poder, y que si encima la acusación lleva aparejada la amenaza de denuncia penal, hace que la mera proclama sea persecutoria.
La tentación más peligrosa es dejar pasar estas alarmas porque no vienen acompañadas de otras manifestaciones del fascismo extremo. Algunos comentaristas parecen exigir noches de cristales rotos y campos de detención para poder encender las alarmas. Mientras esa sea la vara para medir, le estamos regalando al régimen un amplio margen de maniobra para la consolidación autoritaria.
