Las medidas antiterroristas firmadas este jueves por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, han generado alarma entre activistas defensores de derechos humanos.
Las reformas aprobadas desde el mes pasado por el Parlamento contemplan penas de prisión por no informar de un delito grave y multiplican por dos la cantidad de delitos por los que puede procesarse a los rusos a partir de los 14 años. Otra iniciativa obliga a las firmas de telecomunicaciones a almacenar los registros y datos de sus usuarios durante meses, disposición que amenaza con devorar los beneficios de las empresas del sector.
Las empresas han afirmado que esto supone 100 mil veces los datos que guardan ahora, y que organizar y mantener el sistema requerirá más de 33 mil millones de dólares en inversiones.
Ante el descontento generado por esta última medida, el portavoz del gobierno ruso, Dmitry Peskov dijo en conferencia de prensa que Putin también había firmado un decreto en el cual instruye a supervisar, y en caso necesario modificar, las iniciativas frente a escenarios de posibles riesgos financieros.
(Con información de AP)
