En la semana previa fuimos testigos de un debate intenso sobre los resultados del levantamiento del Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS) 2015, publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Se trató de un debate que surgió en el ámbito académico pero que rápidamente fue abordado por comentaristas de la arena pública, que sin conocer el comunicado oficial del INEGI y las advertencias que ahí hizo sobre el MCS 2015, se dedicaron a cuestionar a esta institución cuya reputación en el levantamiento de información para generar estadísticas se ha construido de manera consistente durante muchos años.
Para entender este desafortunado debate, primero hay que entender qué contiene y para qué sirve el MCS. Se trata de la principal herramienta con datos sobre ingresos, salud, educación y seguridad social, entre otras variables, que utiliza el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL) para medir la pobreza.
En el caso específico de los ingresos de los hogares, existe un problema que todos los países padecen en mayor o menor grado: la diferencia que se observa entre el nivel de ingresos que reportan los hogares, respecto a la información de ingresos que se desprende o se deriva de los sistemas de cuentas nacionales (SCN).
Entre los países miembros de la OCDE, este diferencial entre los ingresos reportados por los hogares y los que se derivan del SCN es de 40%. En el caso de México, se ubica en 60%. Es decir, a nivel de la OCDE se observa el problema de una posible subestimación de los ingresos de los hogares, que en el caso de México sería mucho mayor, 50% más grande que en el promedio de OCDE.
Esta gran brecha se explica, entre otras razones, por el hecho de que las personas posiblemente no reporten adecuadamente la información de sus ingresos. Ello, simplemente porque al momento de la entrevista, no dimensionaron que alguna actividad que realizan que quizá no les genera un ingreso pero sí les evita gastar dinero, lo que desde el punto de vista metodológico es algo que debe contabilizarse dentro de los ingresos del hogar. Esto es así no porque INEGI lo diga de manera caprichosa, sino porque es una convención metodológica internacional. En virtud de ello, INEGI, sin modificar la metodología, lo que informó de manera categórica, simplemente introdujo mejoras en el proceso de levantamiento de información.
El resultado fue que INEGI se topó con una diferencia en los ingresos reportados respecto al ejercicio anterior, mucho mayor a la inicialmente estimada. Pero ojo, no significa que la pobreza se redujo en esa magnitud. Los datos no son comparables, lo que también informó el INEGI. De hecho, se sabe que INEGI hará un trabajo estadístico conocido como retropolación, para estar en condiciones de hacer comparativos con años anteriores.
Hay que decir que esta mejora en la captación de la información, fue acordada cuando Eduardo Sojo era Presidente del INEGI. Es una cuestión que INEGI comunicó de manera formal al CONEVAL, quien estaba informado de los cambios desde julio de 2015. Así que resulta incomprensible y apartado de la verdad cuando se pretende asociar estos resultados a una aparente conducción del nuevo Presidente de INEGI y se pretende insinuar una falta de autonomía de este y de toda la institución. Quienes abonan a este destructivo debate -que mina la reputación de las instituciones y socava la confianza que la gente tiene en ellas-, luego se quejan de la debilidad de las instituciones, debilidad a la que contribuyeron con sus dardos cargados de retórica y poca información. No se vale jugar con la reputación de las instituciones, atributo que toma años en construirse. Dejemos de practicar este autodestructivo deporte, por el bien de México.
Este artículo fue publicado en El Economista el 26 de julio de 2016, agradecemos a Gerardo Flores Ramírez su autorización para publicarlo en nuestra página.
