En 1988, cuando el partido hegemónico era el único con aspiraciones reales de tener un candidato que ganara la presidencia de la República en procesos electorales organizados por el propio gobierno, la oposición salió unida por primera vez a las calles para exigir “limpieza” en los comicios que dieron como vencedor a Carlos Salinas de Gortari en medio de graves acusaciones de fraude contra el hoy flamante director de la CFE, Manuel Bartlett, cuando éste fungía como secretario de Gobernación.
En aquel entonces, personajes como Cuauhtémoc Cárdenas, Manuel J. Clouthier “Maquío” y Diego Fernández de Cevallos, protagonistas emblemáticos de los partidos ajenos al oficialismo demandaron respeto al voto de los mexicanos. Entre esas figuras destacaba, sobre todo, la presencia de Rosario Ibarra de Piedra, mujer mexicana que en medio de la tragedia por la desaparición de su hijo Jesús -a manos del Ejército-, levantó también la voz para demandar que el gobierno sacara las manos de los procesos electorales.
De esa lucha y muchas otras tantas que se libraron con el paso del tiempo, nacieron dos instituciones que hasta la fecha mantenían o parecían mantener un prestigio inexpugnable: el Instituto Nacional Electoral (antes IFE) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La primera es hoy atacada por el régimen del presidente Andrés Manuel López Obrador ante la resistencia de ésta a ser cooptada por el gobierno en turno; la segunda, completamente subordinada a los intereses y caprichos del huésped de Palacio Nacional.
Una Piedra fue la encargada de hacer añicos el de por sí maltrecho prestigio de la CNDH, que desde el principio de la actual administración se sometió a López Obrador. Una Piedra ha sido la que dio al traste con tantos y tantos años de lucha a favor de los Derechos Humanos en México. Una Piedra es la que ha decidido lapidar la reputación y la credibilidad de una institución que tiene como principio la protección y defensa de los derechos humanos que en México fueron elevadas a rango constitucional el 28 de enero de 1992, con la publicación del Decreto que adicionó el apartado B al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En una maroma que evidenció la descarada ignorancia que tiene sobre los alcances y obligaciones de la institución que dirige, la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, confirmó su capitulación al régimen “cuatroteísta” al emitir la Recomendación General 46/2022 en la que acusó al Instituto presidido por Lorenzo Córdova de responder a intereses partidistas y de incumplir con sus obligaciones. En el comunicado emitido por la CNDH se compara al INE con el extinto Instituto Federal Electoral (IFE) y la otrora Comisión Federal Electoral (CFE), entidades a las que acusó de sabotear la voluntad del pueblo y de ensuciar los procesos electorales.
“Órganos autónomos, únicamente de nombre, instrumentos parciales, de sabotaje de la voluntad del pueblo, que sólo han servido para el mantenimiento de vicios que por años, si no es que siglos, han manchado nuestros procesos electorales”, dijo.
Con el infundado argumento de que es recomendable “la transformación del INE y reivindicar el derecho del pueblo a la democracia”, la CNDH violó nuestra Carta Magna, que le prohíbe intervenir en asuntos electorales. No es casualidad que la institución responsable de velar por las garantías individuales de los mexicanos se haya dado en sintonía con el ataque que desde el púlpito presidencial se ha orquestado contra las instituciones electorales, que, como dijo el consejero del INE Ciro Murayama es “muestra de cómo se erosiona una institución cuando renuncia a su autonomía”.
Como dirían los clásicos, la señora Rosario Ibarra de Piedra estaría retorciéndose en su tumba al enterarse que su hija ha decidido inclinarse ante un poder que busca a toda costa instalar una copia fiel del sistema opresor contra el que luchó en los años 70, 80 y 90 como luchadora social, como la primera mujer en encabezar una candidatura presidencial, como legisladora, como una mujer que convirtió su causa individual en una lucha colectiva sabedora de las numerosas madres que buscaban a sus hijos o hermanos desaparecidos, bajo un gobierno autoritario y represivo.
Ante tan desafortunada injerencia, siete de los 10 integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH rechazaron, a través de una carta pública, que hayan avalado y discutido “la transformación” del INE que sugirió Piedra Ibarra en dicha recomendación.
Fueron tajantes: “En ningún momento se discutió o se avaló lo que la CNDH interpreta ahora en su pronunciamiento, que recomienda la transformación del INE”.
En dicha aclaración, que fue difundida por el consejero Adalberto Méndez López a través de redes sociales, el Consejo Consultivo exigió a la presidenta de la CNDH “apegarse estrictamente al lenguaje aprobado, sin interpretaciones políticas respecto de su contenido, respetando la literalidad de la Recomendación, pues de lo contrario está herramienta puede desvirtuarse y perder eficiencia como mecanismo garante de los derechos humanos”.
Méndez López aclaró que en abril pasado, integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH votaron a favor de la Recomendación General 46/2022 que originalmente contenía un recuento de hechos de lo ocurrido entre 1951 y 1965, en materia de democracia, de participación y de protesta social, sin hacer referencia a la coyuntura por la presentación ante el Congreso de una reforma electoral impulsada por el partido oficialista.
Parafraseando al mandatario tabasqueño: la presidenta de la CNDH “ha callado como momia” ante la demanda de su Consejo Consultivo.
Sólo unas horas más tarde el INE se defendió de las incriminaciones lanzadas por la CNDH y se amparó en la Constitución Política para solicitarle que no intervenga en asuntos que quedan fuera de su campo de acción.
“El INE hace referencia al Artículo 102 […] que advierte que los organismos de protección de los derechos humanos no son competentes tratándose de asuntos electorales, por lo que la CNDH tiene prohibición constitucional expresa para intervenir en temas de índole electoral”.
El INE hizo algo que la CDNH no fue capaz: avalar sus aseveraciones en lo que estrictamente dice la ley. Citó el artículo 41 para sostener que la organización de las elecciones le compete únicamente al INE y a los Organismos Públicos Locales, en su calidad de instancias autónomas.
Respecto al elevado costo que denunció la CNDH para mantener la estructura del INE, el organismo electoral aclaró que “este se debe a las responsabilidades, atribuciones que se han ido sumando a la autoridad electoral por parte de las y los legisladores y el Instituto solo cumple con las funciones que se le han encomendado”.
No sobra entonces que el INE haya agradecido a la CNDH que atienda a sus responsabilidades, así como el Instituto atiende y seguirá atendiendo los derechos político-electorales cabalmente. Sin duda la ciudadanía será quien lo reclame.
