La incapacidad de dialogar y negociar que caracterizan al presidente López Obrador, que quiere sus iniciativas de ley se aprueben “sin cambiar una coma”, obliga a la oposición a rechazar sus propuestas.
El martes 29 de noviembre, con alto nivel de posibilidad, es el día que se votará la propuesta de reforma electoral enviada por el presidente a la Cámara de Diputados y el resultado ya se sabe; Morena y sus aliados lo harán a favor y toda la oposición en contra.
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Esa iniciativa implica reformas a la Constitución y por lo tanto requiere las dos terceras partes de los votos cosa que se sabe es imposible obtener. El presidente desde un principio sabía ese era el resultado, pero de todos modos la mandó.
Su objetivo era construir una narrativa de corte electoral en la lógica, como toda su estrategia de comunicación, que propone los cambios que quiere el pueblo y la oposición, sin más, los rechaza. Eso es lo que quieren oír los suyos.
Estas semanas, el presidente ha marcado la agenda de la discusión mediática y logrado lo que quería. Que se discutiera su propuesta, sabiendo que era inviable, y que los partidos de oposición hicieran público su rechazo. Eso alimenta su discurso y obtiene la simpatía de los suyos.
En el ambiente de polarización que ha creado sobre la reforma electoral va a mandar su Plan B, que siempre consideró así sería. En términos de la mayoría de la opinión pública hay un ambiente favorable, que fue construyendo, para que se acepten todas sus propuestas.
El mismo 29 de noviembre o el 1 de diciembre va a mandar esa iniciativa, que todavía no se conoce y que habrá de ser aprobada por la mayoría simple, que garantiza el voto de Morena y sus aliados.
Sobre el contenido de esta existen dos posibilidades: Que envíe modificaciones a la ley electoral que están en el espacio de aprobarse por mayoría simple sin violar la Constitución o que éstas la violenten.
En el primer caso hay un amplio espacio, para sin violentar la Constitución, se aprueben medidas en línea, por ejemplo, de reducir el presupuesto al INE y a los partidos, que da clara ventaja a Morena que, en cualquier caso, cuenta con los recursos del gobierno.
La otra posibilidad es que el presidente ordene a sus diputados voten reformas que violen la Constitución, ya antes lo ha hecho, como la incorporación de la Guardia Nacional al Ejército, caso todavía en manos de la SCJN, que es la única intérprete del texto constitucional.
De ser así, la oposición recurría a la SCJN alegando la inconstitucionalidad de lo aprobado. Los magistrados, ya que el proceso electoral está en puertas, tendrían que resolver a la brevedad la controversia. Se abre la interrogante de cómo actuarían los magistrados fieles a Palacio Nacional.
El presidente, en el caso que la SCJN rechace la violación a la Constitución por parte de Morena y sus aliados, seguiría con su estrategia de comunicación. Por semanas el mensaje de la mañanera sería que la SCJN traicionó al pueblo bueno.
La sartén por el mango en el campo de la comunicación ha estado, desde el inicio, en manos del presidente y lo seguirá conservando incluso si no pasa ninguna de sus propuestas electorales en línea de controlar al INE y al TEPJF.
El tema deriva, entonces, en cómo la oposición, en un ambiente que no le es propicio, construye una narrativa que haga ver a cada vez más sectores de la sociedad, que la democracia está amenazada. No es fácil, pero ese es su tarea y responsabilidad.
Twitter: @RubenAguilar
