El líder de los tenis Converse rojos, Rubén Núñez, y su número dos, Francisco Villalobos, duermen en el penal federal de Hermosillo, Sonora. La PGR los acusa de desviar 132 millones de pesos, de homicidio en grado de tentativa y de otros delitos. El Ministerio Público no los consignó por marchar, bloquear o expresar su oposición a la reforma educativa o por atacar cualquier atisbo de mejora que merme su negocio y poder.
Decisión de Estado, política y no sólo judicial, es la que defienden a partir de ayer los secretarios de Educación y de Gobernación; también el gobierno de Oaxaca, bastión de la Sección 22, feudo secuestrado por la CNTE desde hace más de dos décadas, con campamentos de lonas azules en calles del centro oaxaqueño como recordatorio de quién manda.
La impunidad con la que el magisterio disidente roba, vende plazas, negocia su participación política, vende operación porril, moviliza a miles por carreteras y atenta contra el derecho de terceros con bloqueos, plantones; que amenaza con boicotear elecciones, fiestas patrias o desfiles militares, ha topado con una decisión similar a la que se le aplicó a Elba Esther Gordillo al inicio de esta administración.
La claque que se abroga el derecho a vejar a maestras y maestros desleales por elegir trabajar, impartir clases, evaluarse y capacitarse, en Chiapas, Guerrero o Oaxaca, rapando, descalzando y encuerándolos a manera de escarnio público y justiciero, ha sido trasquilada con tijeras legales en donde más les duele, en la bolsa, en la cuenta bancaria. La exposición de sus desvíos financieros equivale a lo que tanto les gusta hacer.
La decisión de Estado que el gobierno implementó sólo puede ser repudiada por Andrés Manuel López Obrador con pésimo cálculo político, por las fuerzas sociales o gremiales corruptas como la misma CNTE, o por los adictos a la militancia contra gobiernos de ayer, hoy y siempre.
El desprestigio social de los caciques disidentes es mayoritario y fundamentado. Son corruptos, luego, indefendibles.
Pero, para que la pinza apriete y el efecto de autoridad se legitime, es necesario ver señales generalizadas, parejas, iguales y aplicadas a otros corruptos e indefendibles: gobernadores, funcionarios y líderes políticos que hacen patente la otra impunidad, la de los amigos del poder.
Hace falta que el Congreso se haga cargo de una buena vez, dejar de regatear cómo hacer ligera, suave y fatua la ley anticorrupción. Entender lo que no han entendido, escuchar el clamor social.
Hacer que los auditores de cada uno de los tres Poderes de la Unión no dependan jerárquicamente de sus propios titulares es lo que toca.
La salud social lo demanda, el sentido común y el político lo exigen. La acción penal en contra de los pillos magisteriales será mejor si decisiones de Estado en contra de otros corruptos e indefendibles la acompañan.
Este artículo fue publicado en La Razón el 14 de junio de 2016, agradecemos a Carlos Urdiales su autorización para publicarlo en nuestra página.
