En vísperas de la movilización en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) que se realizará en el Zócalo el próximo domingo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) salió a defender el Plan B de reforma electoral impulsada y aprobada por el oficialismo, a cuya embestida se sumó.
Tras la aprobación de la reforma electoral por el Senado de la República y a dos días de las manifestaciones que se realizarán en diversas ciudades para defender al órgano electoral federal del asalto del gobierno y de su mayoría en el Congreso, con la misma tonada que han dictado el presidente Andrés Manuel López Obrador y el oficialismo, la CNDH se unió a la tarascada contra el INE.
En un pronunciamiento que publicó este viernes, el organismo encabezado por Rosario Piedra continuó con su línea claramente oficialista. Así, aunque indica que no busca colocarse “en una determinada posición política”, desde el principio de su documento y para atacar al INE, la CNDH repite totalmente el discurso de López Obrador sobre los “gastos excesivos” al decir que el Plan B busca “reducir su aparato burocrático y su presupuesto, sobre todo el destinado a sueldos excesivos y prestaciones, así como de mejorar el desempeño de sus funcionarios sin afectar sus funciones y sin violentar a la vez la Ley Federal de Austeridad Republicana”.
Después de una descripción totalmente acrítica del Plan B y de una digresión sobre democracia y derechos humanos con la que pretende justificar su intervención en materia electoral, la CNDH afirma que en México hay una “deuda histórica” porque no ha habido un “árbitro electoral imparcial, austero, transparente, eficaz y honesto” (de lo cual no presenta ninguna evidencia ni tampoco el resultado de ninguna encuesta), por lo cual arguye que el Plan B “es una oportunidad para que el Pueblo de México recupere la confianza en las instituciones que hacen posible la democracia”.
En sentido contrario a lo que han señalado especialistas en materia electoral (por ejemplo, recientemente se ha difundido el libro Radiografía del Plan B: la reforma electoral de 2023 a examen, hecho por varios especialistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM) y hasta de Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, la CNDH afirma que “el proyecto de Decreto no plantea cambios irracionales atentatorios de la Constitución o de los derechos políticos de la ciudadanía”.
En otra afirmación que muestra el desconocimiento total de la evolución histórica de los organismos electorales en México (recordemos que en un ataque anterior la CNDH atribuyó al INE responsabilidad en procesos electorales entre los años 1951 y 1965, mientras que en una comparecencia Piedra también lo involucró con una fraude electoral y una masacre de 1952), la comisión dice lo siguiente: “Los organismos electorales históricamente sólo han servido para mantener vicios que por años han manchado nuestros procesos electorales. Incluido el actual, y basta recordar algunas de sus posiciones que han puesto en duda su neutralidad”, lo cual no se ocupa en probar.
Posteriormente la CNDH asume el discurso oficialista de la “austeridad” y acusa al INE de no observar los principios constitucionales respectivos y que “se ha caracterizado por los abusos en el uso de gasto público”.
Además, en su franca tarascada la comisión encabezada por Piedra no duda en mentir, como cuando afirma en su pronunciamiento que el INE se negó “a hacer la consulta popular sobre el juicio a ex funcionarios”, y después defiende las violaciones a la normatividad electoral cuando se pronuncia en contra de la “cancelación de algunas candidaturas, por ejemplo” (aunque no se refiere, muy sintomáticamente, a la negación del registro de México Libre, entre otros asuntos polémicos), lo que muestra el claro e indiscutible alineamiento político de la CNDH con López Obrador y con Morena.
Pese a lo anterior, en sus consideraciones finales la CNDH se atreve a afirmar que “el posible cambio en el sistema normativo electoral es un tema de interés general, por esa razón, debe separarse su análisis de cualquier prejuicio interesado, y trascender del ámbito exclusivo de los partidos políticos, hacia toda la ciudadanía en general, la actora principal”.
Sin embargo, en su documento la CNDH no da importancia a las denuncias de que el Plan B afecta la paridad de género al negar al INE intervenir para que se cumpla en la designación de candidatos y dirigencias partidistas, limita su capacidad para evitar que se postule a personas que hayan cometido violencia de género e implica una reducción de las acciones afirmativas que permiten, por ejemplo, que en las candidaturas haya una mejor representación de importantes grupos sociales como las personas indígenas, migrantes, discapacitados, afromexicanos, LGBT y jóvenes (apenas menciona este aspecto, pero sin decir que con la reforma esas acciones se reducen).
