El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por medio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha expropiado terrenos para proyectos carreteros y otras obras sin pagar aún las indemnizaciones y en consecuencia, no cuenta aún con los títulos de propiedad.
Según datos recuperados por el diario El Universal en todo el país hay 54 proyectos carreteros con adeudos relacionados con los procedimientos de expropiación. Algunas de esas carreteras ya están en operación sin que la Federación tenga los títulos de propiedad correspondiente ni concluir el procedimiento de liberación de derecho de vía.
El diario cita documentos del Programa Contingente de Liberación del Derecho de Vía para Carreteras Federales 2023, que informa que la SICT “no cuenta con recursos económicos para el pago de remanentes ni para pago de las indemnizaciones derivadas de procedimientos de expropiación, por lo que no es posible concluir el procedimiento de liberación del derecho de vía y no se cuenta con títulos de propiedad de los inmuebles sobre los que se encuentran construidas diversas carreteras federales del país”.
Es decir, que 54 carreteras “federales” realizadas en este sexenio en realidad aún no pertenecen al gobierno.
La dependencia advierte que de continuar esta situación, el Ejecutivo federal se haría acreedor a sanciones de diversa índole, además de “no estar en posibilidades de ejecutar obras, que implicaría subejercicios, problemas contractuales con las empresas contratistas e incumplimiento del programa de construcción y modernización de carreteras del ejercicio presupuestal”.
Dice el reportaje que “entre las carreteras cuyos títulos de propiedad siguen sin ser del gobierno federal, en el Estado de México se encuentran el distribuidor vial en Av. 5 de mayo y prolongación Salvador Díaz Mirón; carretera Naucalpan-Toluca, tramo Xonacatlán-Boulevard Aeropuerto; distribuidor vial en el cruce Boulevard Aeropuerto y Carretera Federal Toluca Naucalpan; carretera Los Reyes-Zacatepec, tramo San Bernardino-Texcoco; Distribuidor Vial entre Av. De Las Torres y Av. Aeropuerto, y el Viaducto Poniente Bicentenario en Av. Nopaltepec”.
La incapacidad de pago deriva del recorte presupuestal aplicado al programa, que pidió 788 millones entre 2019 y 2022, pero sólo recibió 223.8, 28.3% de lo solicitado.
Los adeudos por el concepto de indemnización superan los 240 millones de pesos.
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