El Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) entregar a un particular la versión pública que le negó sobre todas las solicitudes de autorización para intervenir llamadas telefónicas privadas realizadas entre el 1 de enero de 2009 y el 6 de enero de 2016.
Al atender un recurso de revisión interpuesto por el particular, el pleno del INAI resolvió que la PGR no gestionó lo suficiente para localizar la documentación solicitada, es decir, el total de solicitudes concedidas y negadas, sus fechas, ante qué autoridad se presentó y si se trató de líneas fijas o móviles.
En un comunicado, el INAI informó que la PGR se limitó a responder al particular que durante el período solicitado obtuvo mil 167 órdenes de intervención emitidas por los Jueces Federales Especializados en Cateos, Arraigos e Intervenciones de Comunicaciones Privadas.
En su defensa, la PGR argumentó que no cuenta con un sistema estadístico para desglosar la información en los términos solicitados por el particular y que, conforme a la Ley Federal de Transparencia, no podía generar documentos apropiados.
Sin embargo, el análisis del comisionado Joel Salas Suaréz concluyó que la PGR sí tiene los datos específicos solicitados por el particular pues la solicitud de autorización contiene el acuerdo del Ministerio Público que funda y motiva la procedencia de la intervención, el tipo de comunicaciones, los sujetos y lugares a intervenir, el tiempo de la intervención, líneas, números, entre otros datos.
“La información pública sobre la justificación de solicitudes de intervenciones telefónicas por parte de la PGR, sirve para que rindan cuentas y demuestre que actúan con apego a la ley”, destacó Salas Suaréz.
omh
