El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa declaró inconstitucional el Reglamento de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), expedido por Andrés Manuel López Obrador.
El Tribunal concluyó que el decreto mediante el cual el presidente arrebató al Servicio de Administración Tributaria (SAT) el control de las aduanas para transferirlo a las Secretarías de Defensa y Marina, era inconstitucional.
La resolución se enfoca en que la transferencia de estas funciones se realizó sin una reforma legal a través del Congreso. Además, las atribuciones administrativas del SAT, según la ley que lo rige, deben ser ejercidas exclusivamente por este organismo, asistido únicamente por sus unidades internas.
La sentencia actual no tiene efectos colectivos y solo beneficia a un agente aduanal en particular, anulando un crédito fiscal impuesto por el Administrador de la Aduana de Manzanillo. Sin embargo, este caso sienta un precedente relevante que seguramente derivará en una resolución definitiva de la Suprema Corte.
En julio de 2021, al expedir el decreto de creación de la ANAM, el presidente incluyó un artículo transitorio que establecía que el nuevo órgano funcionaría solo hasta que el Congreso aprobara cambios a la Ley del SAT.
Sin embargo, en diciembre de ese mismo año, López Obrador derogó su propio decreto, militarizando la operación de las aduanas y eliminando la mención de la necesidad de una reforma legal para el funcionamiento de la ANAM.
Esta acción resultó en que las aduanas del país quedaran bajo control de las Secretarías de Defensa y Marina. Además, el presidente autorizó a los militares a crear fideicomisos que reciben recursos del trámite aduanero, que históricamente habían sido asignados al SAT, sumando hasta septiembre pasado, más de 58 mil millones de pesos.
La asignación de tareas civiles a las Fuerzas Armadas por decreto, sin justificación legal alguna, mina las instituciones civiles destinadas a esas labores. Este enfoque centralizador y autoritario desafía nuevamente los principios fundamentales de un régimen democrático.
Es preocupante observar cómo la palabra ‘dictadura’, aunque rechazada tajantemente por el presidente, parece cada vez más apropiada para describir a su periodo de gobierno.
Este sexenio hemos presenciando un proceso de erosión del equilibrio de poderes. Las presiones políticas, amenazas y recortes presupuestarios han debilitado la independencia judicial funcional.
La reciente declaración de inconstitucionalidad sobre la transferencia de aduanas al Ejército es una rara excepción en un panorama sombrío.
Hasta el último día de este sexenio, seguiremos preguntándonos: ¿Dónde está el equilibrio de poderes? ¿Quién garantiza la rendición de cuentas y el respeto a los límites establecidos por nuestra Constitución?
En una democracia saludable, ningún mandatario debe ejercer un poder ilimitado. Sin embargo, en nuestro país, esta norma parece haberse convertido en excepción.
