Esta semana se dieron a conocer tres artículos que versan sobre un posible financiamiento del narco a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en el 2006. Se trata del artículo de Tim Golden, “¿Los narcotraficantes canalizaron millones de dólares a la primera campaña del presidente mexicano López Obrador?”, de otro titulado “´Operación Polanco´: cómo la DEA investigó la campaña presidencial de AMLO de 2006” y la primera parte de “El Cartel de Sinaloa financió la campaña de AMLO en 2006”, de la periodista mexicana Anabel Hernández.
En todos ellos se habla de que, al menos, 2 millones de dólares habrían sido hechos llegar a Nicolás Mollinedo, el famoso chófer de AMLO apodado “Nico”, mediante Mauricio Soto Caballero, operador político de Morena y participante en las diversas campañas presidenciales de Andrés Manuel, quien incluso ahora sigue siendo integrante del partido Morena y suele postear en sus redes sociales, fotografías con personajes de este partido. ¿Cómo llegó ese dinero? A través de Roberto López Nájera, un testigo protegido de la DEA con sobrenombre de “Jennifer”, quien, en 2006, como parte del Cártel de Sinaloa, actuó por órdenes de Édgar Valdez Villareal, “La Barbie”.
Según la investigación de Propublica, el mismo Soto Caballero declaró ante autoridades estadounidenses haber entregado en persona 2 millones de dólares a Nicolás Mollinedo, con la intención de que, en caso de que Andrés Manuel ganara la presidencia, le permitiera tener derecho de veto sobre el nombramiento de los funcionarios que serían nombrados en puestos clave del gobierno federal, encargados de combatir precisamente el narcotráfico. Es decir, el pacto habría sido financiar la campaña a cambio de poner secretarios de estado a modo, que le permitieran al Cártel de Sinaloa seguir con sus operaciones criminales.
Los tres artículos fueron publicados el martes 30 de enero en portales internacionales, el de Steven Dudley en Insight Crime, el de Anabel Hernández en el portal alemán Deustche Welle y el que más resonancia tuvo, el del periodista Tim Golden, en el portal independiente, Propublica, especializado en este tipo de investigaciones. El caso de las amplias repercusiones del artículo de Tim Golden no podía ser de otra manera, pues se trata de un periodista estadounidense que fue escritor senior en The New York Times y, además, ha ganado en dos ocasiones el premio Pulitzer (en 1987 y 1998), que es el galardón más prestigioso en el mundo del periodismo.
De tal modo que en esta ocasión, Andrés Manuel López Obrador se encuentra ante una batería de graves acusaciones desplegadas en medios internacionales, por periodistas reconocidos, así que sus típicas rabietas de descalificación no bastarán para despejar las dudas que provoca su conducta política hacia los cárteles del narcotráfico. Porque más allá de que dichas investigaciones cuenten o no con evidencias rotundas, lo que es un hecho es que la “estrategia” de “Abrazos, no balazos“, anunciada en su tercera campaña electoral, se convirtió, una vez sentado en la silla presidencial, en un cheque en blanco para que los grupos criminales operaran a sus anchas en todo el territorio nacional, sin que la Guardia Nacional, la Marina o el Ejército, hagan algo para detenerlos.
Este tipo de investigaciones calan más hondo en el ánimo de la ciudadanía, toda vez que aún sigue fresca en la memoria la vez que Andrés Manuel López Obrador, en un desaseado operativo en octubre de 2019 en Sinaloa, y una vez que había sido detenido Ovidio Guzmán, hijo de “El Chapo” y quien seguía siendo el líder del Cártel de Sinaloa, dio la orden de liberarlo. O aquella ocasión, en marzo de 2020, que el presidente de México hizo un alto en su gira por Badiraguato, Sinaloa, para saludar de mano, a la mismísima madre del Chapo Guzmán.
Y es que las sospechas y acusaciones de un posible vínculo del presidente con carteles del narcotráfico no han hecho más que ir creciendo y acumulando pruebas. Por ejemplo, en la elección federal intermedia de 2021, cuando fue evidente que en varios estados de la república. miembros de cárteles de la droga operaron a favor del partido Morena. Uno de los casos más sonados fue justamente en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, donde integrantes del Cártel de Sinaloa, el día anterior a la jornada electoral, “levantaron” a más de 100 operadores electorales del PRI, a quienes soltaron una hora antes del cierre de las casillas.
Fueron tantos los casos registrados en distintas partes del país, que los presidentes del PAN, Marko Cortés, del PRI, Alejandro Moreno y del PRD, Jesús Zambrano, en agosto de 2021 asistieron a la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), a presentar una denuncia por la intromisión del crimen en las elecciones en México. Así que más allá de su pueril “estrategia” de descalificar a los periodistas y medios de comunicación, el presidente de la república se encuentra en la necesidad de explicar el porqué de su pasividad ante los cárteles de la droga, porque el persistir en su fracasada “estrategia” de “Abrazos, no balazos”, explicar por qué en sus mañaneras dedica más tiempo a atacar a periodistas que a hablar de cómo detener a los grupos criminales. El presidente está siendo exhibido ante todo el mundo como un gobernante inmóvil ante los grupos del narcotráfico, y también como sospechoso de aliarse con el Cártel de Sinaloa, y de cómo esta presumible alianza, podría haberle rendido frutos electorales a él y a su partido, incluso a partir del 2018 y elecciones posteriores en diversas entidades de la república.
Toda esta información, vista a la luz del proceso electoral del 2024, exige claridad, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, acciones contundentes del gobierno para detener la violencia criminal que pone en riesgo la libre participación de la ciudadanía. El gobierno de López Obrador está obligado, hoy más que nunca, a actuar para salvaguardar el proceso electoral en curso para disipar la duda de las graves acusaciones de estar coludido con el narcotráfico. Veremos…
