Pura y aldeana miopía política: Emilio Álvarez Icaza desperdició su paso por la secretaría ejecutiva de la CIDH, al desgastar el cargo en sus infiernillos particulares dentro de la política mexicana, en lugar de dedicarse a recuperar la estatura continental que antes de él alcanzó esa organización… y ya perdió.
A punto de acabar el mandato de Álvarez Icaza, las arcas de la CIDH están “absolutamente vacías”, según James Cavallaro, su presidente. El 31 de julio correrá a la mitad de su personal y tendrá sólo 48 funcionarios para proteger los derechos humanos de los mil millones de habitantes del continente.
¿Se dedicó Álvarez Icaza a trabajar para salvar a la CIDH de caer en quiebra? No: se dedicó a hacer política interna en México, poniendo a la CIDH como mascarón de proa de su proyecto personal de ser candidato presidencial independiente, o de sustituir a Luis Raúl Pérez en la CNDH.
Aún ayer, por insistir en hacer política interna, usó la quiebra de la CIDH sin importarle embarrar la ética de su condición de funcionario internacional, ni mentir de manera maniaca: dijo que México dejó de pagar sus cuotas a la CIDH, cuando ningún país paga a la CIDH, sino a la OEA.
Además de que México es de los pocos países que ya pagaron su aporte anual a la OEA correspondiente a 2016 (al desembolsar cinco millones 620 mil 300 dólares) de acuerdo a la página oficial del organismo, pagó a la propia CIDH dos millones de dólares extra por su labor de un año en el caso Iguala.
El reglamento de la OEA establece que ésta recibe el aporte de los países y da un presupuesto ordinario a la CIDH. Aun así, México pagó durante un año alrededor de 136-140 mil pesos al mes a cada experto de la CIDH que trabajó en el caso Iguala.
Un salario superior, por ejemplo, al del Jefe de Gobierno de la CDMX (Miguel Mancera percibió 104 mil 911 pesos mensuales en 2015) y cinco veces más que los peritos de la PGR (apenas 22 mil pesos mensuales), agregando que los expertos recibieron dos millones 292 mil 42 pesos extra para viáticos.
Según el documento SAF/N09-15, de la OEA, el contrato de los expertos fue por 240 mil dólares, sin incluir que cada uno ocupó una habitación a un costo de mil 150 pesos la noche, en el hotel María Cristina, aunque apenas si la utilizaron porque usualmente estaban fuera de México.
Álvarez sabe esto. Pero prioriza sus grillas personales en nuestra política interna para mentir, acusando a México de no pagar, sin importarle que es fácilmente refutable con un click en la página de la OEA.
Miente por defecto.
Este artículo fue publicado en La Razón el 25 de mayo de 2016, agradecemos a Rubén Cortés su autorización para publicarlo en nuestra página.
