El “plan c” es el paquete de reformas constitucionales de López Obrador con el que pretende establecer un nuevo régimen político. Poniendo aparte las reformas relativas a temas sociales y económicos (que ameritan un análisis aparte), el centro del mencionado plan lo ocupan cuatro temas que habrán de caracterizar al régimen del obradorato: 1) concentración del poder, 2) desaparición de controles constitucionales, 3) militarización y 4) monopolio político.
Alentado por los resultados electorales que dieron el triunfo a su candidata presidencial, a sus candidatos en las gubernaturas en disputa y a su partido en ambas cámaras del Congreso de la Unión, el inquilino del Palacio Nacional ordenó a sus huestes y a la presidenta electa la aprobación de sus propuestas de reforma sin esperar la llegada de la nueva administración, sin discusión ni análisis de los expertos y sin diálogo con la oposición. Así, fijó unilateralmente el plazo para que las reformas se aprueben: los integrantes de la mayoría en la nueva Legislatura federal alzarán disciplinadamente su dedo en septiembre. durante el mes que corre a partir de su instalación y antes de que inicie el nuevo sexenio. De esta manera, previo a su retiro formal de la silla presidencial, el obradorato quedará impregnado en los cimientos del nuevo régimen político.
Presentado en 5 de febrero anterior, el paquete de 20 reformas pretende la modificación de 53 artículos de la Constitución en materias políticas, sociales y económicas. Pero son cuatro las materias que determinan las características del régimen del obradorato.
El presidencialismo como forma de gobierno se había acotado en la transición democrática de México, pero se exacerbará al grado de la autocracia con la aprobación del “plan c”. La concentración de poder habrá de darse a partir del control político del Poder Judicial y con la extinción de los órganos dotados de autonomía constitucional.
Lo primero se hará con la reforma al Poder Judicial (modificación de los artículos 17, 20, 94 a 101, 107, 110, 111, 116 y 122), que dispone el cese de ministros, magistrados y jueces nombrados por concurso de oposición y carrera judicial, para sustituirlos por personal afín al grupo en el poder. Para hacer lo anterior, se recurre a la vía boliviana consistente en la elección de juzgadores por voto popular, comicios en los que solo podrán participar candidatos previamente palomeados por la cúpula gobernante. Quedará atrás el compromiso judicial con la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos y prevalecerá la incondicionalidad para con el grupo en el poder.
Junto a lo anterior, se busca la desaparición de los órganos autónomos, para la que se propone la reforma a los artículos 6, 26, 27, 28, 41, 76, 78, 89, 105, 113, 116, 123 y 134. Se trata de que queden a cargo del gobierno el derecho a la información y la transparencia, la protección de datos personales, al igual que la competencia económica, la evaluación de la política social y la regulación de los hidrocarburos. El presidencialismo se quitará de encima controles independientes, de manera que podrá hacer y deshacer en estas y otras materias sin el escrutinio de organismos autónomos y especializados.
La concentración del poder se complementa con la militarización que caracteriza al sexenio de AMLO y que se consolidará con la reforma en materia de Guardia Nacional (modificación de los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 82, 89, 123 y 129). La nueva redacción mantendrá a esa corporación como dependencia del Ejército y borrará su carácter formalmente civil.
El cuarto tema toral del “plan c” es la contrarreforma electoral. Con la modificación de los artículos 35, 41, 51 a 56, 60, 63, 73, 99, 105, 110, 111, 115, 116 y 122, se dará fin al INE y al Tribunal Electoral como organismos autónomos, quedará permitida la intromisión del gobierno en las campañas electorales y se legalizará el sistema clientelar de dominación que tan bien le funcionó a Morena en las elecciones anteriores. Además de ello, se establecerá el monopolio político del partido oficial (a la manera del PRI de las décadas 50 a 80 del siglo pasado), pues el pluralismo será reducido a su mínima expresión cuando se elimine la representación proporcional en la integración del Poder Legislativo.
Al aprobarse el “plan c” de AMLO, quedará configurado un nuevo régimen político cuyos rasgos son el presidencialismo exacerbado, la desaparición de controles constitucionales, la militarización y el monopolio del grupo en el poder.
Cincelada: Es cierto que los votos de la 4T trascendieron los estratos sociales, pero ello no justifica el que 2 billones de pesos se hayan desviado para utilizarlos en la operación de clientelismo electoral.
