El apartado electoral del “plan c” de AMLO es la contrarreforma para establecer el monopolio político y el obradorato como régimen autoritario. Mientras la opinión pública está concentrada en la igualmente insana reforma judicial, se distrae fácilmente con la dosificada presentación del nuevo gabinete y con los escándalos de cada día, la mayoría de Morena y sus rémoras se disponen a acatar las instrucciones presidenciales. El grupo en el poder se encuentra instalado en la envión de un triunfo electoral obtenido mediante una elección de Estado violatoria de los principios de equidad y legalidad, el cual se pretende reforzar con abusivas e inconstitucionales maniobras de sobrerrepresentación,
Iniciada por López Obrador y publicada en el Anexo 11 de la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del 5 de febrero anterior, la contrarreforma electoral propone modificaciones a los artículos 35, 41, 51 a 56, 60, 63, 73, 99, 105, 110, 111, 115, 116 y 122 de la Constitución. Apartando la paja, la esencia retrógrada de la iniciativa se concentra en los siguientes siete puntos:
1) Eliminar la representación proporcional y dejar como absoluto el principio de mayoría relativa para la elección de diputados y senadores.
2) Reducir a la mitad el financiamiento público de los partidos políticos.
3) “Regularizar” la intromisión gubernamental en las campañas electorales y el sistema de dominación clientelar.
4) Desaparecer el INE para crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC).
5) Eliminar los institutos electorales locales (OPLE) y los tribunales electorales estatales.
6) Acotar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
7) Establecer la elección popular de consejerías y magistraturas.
Aunque toman como pretexto la austeridad republicana, de la que abusan en forma demagógica e hipócrita, las propuestas para la eliminación de plurinominales, la reducción del financiamiento de los partidos y la desaparición de los organismos locales y tribunales estatales en realidad tienen intenciones autoritarias: En primer lugar, atentan contra el pluralismo y la integración de las cámaras en proporción a los votos obtenidos por cada partido, esto con el fin de establecer un monopolio político. En segundo lugar, si se “legalizan” la intromisión gubernamental en las campañas electorales y el sistema de dominación clientelar, el partido oficial no requerirá en el futuro de financiamiento público, puesto que para alimentar sus triunfos dispondrá “legalmente” de todo el presupuesto federal. Adicionalmente, la reducción del financiamiento público debilita a los partidos de oposición, excluidos de los favores gubernamentales.
Por otro lado, el abaratamiento de las elecciones y el achicamiento de los órganos y tribunales de la materia, lo que en realidad establecerá es el control gubernamental sobre los órganos encargados de organizar y calificar las elecciones. Responden al mismo despótico fin la desaparición del INE y su sustitución por un INEC acotado en sus atribuciones y con funciones penetradas por la intervención directa de la Secretaría de Gobernación, así como la desaparición de los OPLE y los tribunales electorales estatales.
Asimismo, el someter a elección popular los cargos de los consejeros electorales y de los magistrados del TEPJF consumará la captura de los organismos electorales mediante la imposición “democrática” de incondicionales del grupo en el poder en tan importantes cargos.
En conjunto, los siete puntos esenciales que señalo configuran una contrarreforma para la consolidación de un nuevo régimen de partido hegemónico, la monopolización del Estado por el grupo en el poder, su sostenimiento con una mecánica populista y la práctica de un presidencialismo exacerbado, el que será manejado a control remoto.
Cincelada: Mientras ciertos “especialistas” especulan ruptura entre el gobierno saliente y el entrante, López Obrador colocó los alfiles del Maximato en las cámaras, Gobernación, SHCP y medio gabinete presidencial.
