Con 16 años de cárcel en juego sobre la colombiana Ángela Buitrago (la más activa de los expertos de la CIDH en el caso Iguala) está claro que la insistencia de éstos en continuar la pesquisa es la única manera de que ella siga gozando de “inmunidad total” para ser juzgada.
Porque, hay que insistir: el convenio de la CIDH con el Estado mexicano les garantiza fuero “contra todo procedimiento judicial, legislativo y administrativo en relación con los actos ejecutados y las expresiones emitidas en el desempeño de sus funciones”.
Porque, hay que insistir: la Fiscalía General de Colombia intenta procesar a Buitrago por calumnia y delitos contra la administración pública, falsedad ideológica en documento público, prevaricato, falsedad de declaraciones y fraude procesal.
Pero, mientras la más enérgica y afanosa de los cinco expertos investigue la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, no podrá ser procesada por fabricación de testimonios para encarcelar ocho años a un inocente (el exmilitar Luis Alfonzo Plazas), cuando fue Fiscal General de Colombia.
Así que la desesperada protección judicial del secretario general de la CIDH, el mexicano Emilio Álvarez Icaza, a Buitrago es lo que justifica el empecinamiento del grupo de expertos en seguir mamando de la teta del caso Iguala.
Claro que también cuenta el millón de dólares que gana la CIDH cada vez que extiende el plazo de estancia en México, que representa un sueldazo mensual para cada experto: 48 mil dólares (unos 136 mil pesos), más viáticos, transporte terrestre y aéreo, gasolina, teléfonos…
El viernes la PGR informó que el Grupo Colegiado de Expertos sobre Fuego (con el aval de la CIDH) concluyó que existen elementos suficientes para demostrar que en el basurero de Cocula fueron incineradas, al menos, 17 personas adultas y hubo un incendio controlado de grandes dimensiones.
En el nuevo estudio referido por la PGR participó José Torero, quien el año pasado había dado “un vuelco al caso Iguala”, al asegurar que era imposible que a los normalistas los quemaran en el basurero de Cocula, pues no había evidencia de que allí se pudiera incinerar “inclusive un solo cuerpo”.
Sin embargo, enseguida Buitrago y los suyos rechazaron el informe porque según tenían con la PGR un pacto de “confidencialidad y consenso en su presentación”. ¿Un pacto? ¿Cómo que un pacto? ¿Defensores de derechos humanos pactando un informe sobre derechos humanos?
El tema es que amenazaron con quedarse aquí (cobrando 48 mil dólares mensuales y gozando de “inmunidad total”) aun cuando su especialista estrella, Torero, haya admitido que se equivocó en su informe del año pasado.
Aunque ya no es tanto por el dinero.
Ya, en la impaciencia… es por el fuero.
Este artículo fue publicado en La Razón el 04 de Abril de 2016, agradecemos a Rubén Cortés su autorización para publicarlo en nuestra página
