El periodista Hernán Gómez denunció que el tribunal encabezado por el magistrado Rafael Guerra aprobó que le hicieran un peritaje psicológico para ver si tiene tendencias criminales, gusto por el abuso de poder y capacidad de ejercer objetivamente su trabajo, lo cual es “acoso judicial”, aseguró.
En su cuenta de X, Gómez Bruera compartió las imágenes de la solicitud que El Heraldo de México hizo al magistrado para que se le realice un peritaje psicológico. Esto, dentro del juicio por “daño moral” que el medio interpuso contra Gómez por el libro “Traición en Palacio”.
Ese peritaje, dijo, lo solicitó El Heraldo de México y lo aceptó el organismo dirigido por el Magistrado Rafael Guerra, presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México. “Ahora me entero que lo mismo le hizo Humberto Moreira al colega Sergio Aguayo, “quien debió someterse a un peritaje de ¡25 horas! que me imagino fue lo más parecido a una tortura psicológica. Eso es acoso judicial al periodista. Esto es por ‘Traición en Palacio’”.
Gómez Bruera solicitó un amparo contra esta prueba, mismo que le fue concedido de manera provisional, hasta que se resuelva el fondo del asunto. Es decir, que si se considera que la prueba es admisible, se hará que Gómez la realice.
Al respecto, la organización Propuesta Cívica exigió que el proceso contra Gómez Bruera se apegue “a estándares en materia de protección a la libertad de expresión. Advertimos con preocupación el uso de mecanismos legales para inhibir el periodismo”.
En un sentido semejante se pronunció la agrupación de defensa de los periodistas, Artículo 19. “ARTICLE 19 condena el acoso judicial en contra del periodista Hernán Gómez y reafirma su acompañamiento tras la demanda por daño moral en su contra”.
Sobre el peritaje psicológico, el organismo afirmó que se trata de “un escrutinio invasivo, desproporcionado y sin sentido, puesto que la base de la demanda es la publicación de su libro y no aspectos personales del periodista”.
“En casos de daño moral no es necesario acreditar el estado psicológico del demandado”. A pesar de ello, agrega, la Juez Interina Quincuagésimo Segundo de lo Civil, Verónica Guzmán Gutiérrez, aceptó la petición de la parte demandante, compuesta de tres empresas de El Heraldo Media Group, a su vez integrantes de Grupo Andrade.
“El presente caso es una muestra del uso indiscriminado de las acciones legales que se ejercen en contra de periodistas con el objeto de censurar e inhibir su labor de investigación de temas de interés general”.
En un comunicado de mayo pasado, la agrupación explicó los motivos por los que El Heraldo demandó al periodista tras la publicación de su libro. “Algunos de los temas resaltados en la demanda tienen que ver con los vínculos del conglomerado empresarial con algunas figuras del poder político en México, como el ex consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra; con la forma en que el conglomerado empresarial obtiene contratos de arrendamiento de vehículos, e incluso con un posible sesgo en las encuestas que publica El Heraldo Media Group en contextos electorales”, temas que se abordan en el libro “Traición en Palacio”.
La solicitud hecha por los demandantes pide que se evalúe psicológicamente al periodista para ver si es capaz de “actuar de manera objetiva y responsable antes situaciones que le frustren, contradigan o considere adversas”.
Que se determine si el periodista “considera que ejerciendo el periodismo tiene una situación de poder y dominancia sobre las demás personas”. Que se vea si “valora la verdad y la considera como un elemento indispensable de su vida personal y profesional”.
También, “si estaría en disposición de cometer un ilícito o afectar los derechos de terceras personas si ello le representara una ventaja o le proporciona un beneficio”,
Dice el documento que mediante este peritaje se determinará que Gómez Bruera “empezó a realizar las publicaciones, declaraciones y demás actos… al sentirse agraviado por la terminación del contrato que lo vinculaba con El Heraldo Media Group”. También, que ha actuado de manera dolosa y deliberada, que no hace un ejercicio ético y responsable de su labor periodística y que “pretende evadir la responsabilidad de sus actos escudándose tras el supuesto ejercicio de una labor periodística”.
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