Los publicistas de la 4T aplauden a rabiar la reforma judicial, esa que el saliente inquilino de Palacio Nacional hizo aprobar por una mayoría artificial “sin moverle ni una coma”. No sorprende el papel que con fervor juegan estos “intelectuales orgánicos” del poder en turno, ni que para ello recurran al argumento demagógico de “la voluntad del pueblo”. Lo que llama la atención es que dentro de esa runfla se expresen algunas voces que, luego de santiguarse ante el liderazgo de AMLO, se atreven a expresar alguna discordancia.
Refiriéndose a la compra de votos de senadores de oposición a cambio de ofrecerles impunidad, Jorge Zepeda Patterson escribió en Milenio que “Lo cuestionable en la aprobación de la reforma judicial de este martes en el Senado es la posibilidad de que se haya conseguido echando mano de un recurso que traicionaría el sentido mismo de una reforma que pretende mejorar la impartición de justicia en México” (la gramática y la falta de comas son responsabilidad del también novelista). Cuestiona que López Obrador haya convalidado como “un mal necesario” esta operación, pues opina que así expidió un cheque en blanco para las malas mañas de los coordinadores parlamentarios de Morena, Adán Augusto López y Ricardo Monreal.
En un artículo publicado en Reforma, Carlos Pérez Ricart demandó explicaciones por el hecho de que la reforma judicial “haya sido solo posible tras prometer impunidad a un corrupto y su familia (en alusión del senador panista Miguel Ángel Yunes, quien dio el voto decisivo a favor de la reforma). Esforzándose por deslindar su crítica de las planteadas por la oposición, el joven apologista de la 4T va más allá de Zepeda, pues desliza críticas de fondo a la iniciativa de AMLO. Señala que ésta es “deficiente, limitada y costosa”, que no toca a las fiscalías y defensorías públicas pero sí incluyó la figura de los “jueces sin rostro” que propuso originalmente el odiado Felipe Calderón. También señala que los costos económicos de la elección de jueces y magistrados no se los lleva López Obrador a Palenque, sino que “los hereda a Claudia Sheinbaum”. Además, afirma que la reforma aprobada tendrá efectos nocivos como incertidumbre en la economía, retiro de inversiones, desaprovechamiento del nearshoring, que afectará las finanzas públicas y que, encima de todo, “no mejorará la impartición de justicia en el país”.
En su cuenta de X (antes Twitter), Hernán Gómez Bruera afirma que cuando se aprobó la reforma judicial fue “un día triste para la República y un mal final para un muy buen gobierno”. No podía faltar un guayabazo para López Obrador, de quien dice que es “el mayor líder social y político que hayamos tenido en mucho tiempo”, pero critica que “decidió empañar su propio legado con una reforma judicial mal pensada, mal planteada y que puede tener un grave costo para la estabilidad económica y política de México”. Y concluye: “Necesitamos transformar el poder judicial, desde luego, pero esta reforma lo hará retroceder”.
Ni Pérez Ricart ni Gómez, mucho menos Zepeda, parecen darse cuenta de que la reforma judicial es parte del proyecto de dominación autoritario y transexenal de su adorado líder. En cambio, achacan al senador López y al diputado Monreal el bochornoso espectáculo de la compraventa de votos, el ungimiento de los Yunes como próceres de la 4T y el reestreno de la roqueseñal, como si los h. legisladores hubieran actuado por cuenta propia y no siguiendo las instrucciones precisas de su jefe político. Los tres autores aluden con repulsión el pasado priista de los coordinadores parlamentarios de Morena, olvidando convenientemente que AMLO también tuvo esa militancia.
Lo que puede ser trascendente es que, con su medrosa crítica, estos propagandistas de la 4T estén expresando la disconformidad de la presidenta electa con las medidas que López Obrador ha instalado como parte de sus garantías transexenales: la mitad del gabinete del próximo sexenio (incluidas las secretarías de Gobernación, Hacienda, Sedena, Bienestar y la SEP), mayorías en las cámaras (tan artificiales como incondicionales), la dirección del partido oficial (hasta con uno de los juniors) y, en el plazo de un año, el dominio absoluto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tales garantías, hasta ahora, han sido aceptadas dócilmente por Sheinbaum, reducida a subordinada de los designios del obradorato.
Cincelada: En la medida en que abandone las añoranzas neoliberales y ceda el paso a nuevos liderazgos sin cola que les pisen, la vieja clase política podrá contribuir a la reconstrucción democrática.
