A las nuevas generaciones los nombres de Hiroshima y Nagasaki quizá les resulten desconocidos, si bien la cultura popular de una u otra manera ha contribuido a que en el imaginario colectivo se genere cierta ansiedad en torno a la existencia y/o uso de las armas nucleares. Películas como Oppenheimer (2023), de Christopher Nolan o Godzila minus One (2023), de Takashi Yamazaki, son sólo un par de producciones recientes, una más apegada a la realidad, otra más en los terrenos de la ficción, que revelan la capacidad destructiva de los usos bélicos de la energía nuclear. Asimismo, el largometraje japonés Fukushima 50 (2020) de Setsuro Wakamatsu, al igual que el ruso Chernobyl Abyss (2021) de Danila Kozlovsky a manera de contrapropuesta a la serie estadunidense de HBO Chernobyl (2019), retratan con distintos niveles de veracidad los riesgos de la energía nuclear con fines pacíficos, misma que está expuesta a accidentes, sea por fenómenos naturales o por error humano. Todo ello ha puesto en el imaginario colectivo a la agenda nuclear a los ojos de las nuevas generaciones.
Más allá de las dramatizaciones cinematográficas, las armas nucleares han estado presentes en el mundo desde hace 80 años y tanto sus usos bélicos como también los pacíficos han causado mucho daño a las personas y al entorno ambiental. Se calcula que las nueve potencias nucleares, esto es, EEUU, Rusia, la República Popular China (RP China), Francia, Reino Unido, Israel, Corea del Norte, India y Pakistán poseen 12 241 ojivas nucleares. De ellas, 9 214 se encuentran almacenadas en los arsenales para uso potencial, en tanto 3 912 se encuentran desplegadas en misiles y aviones, en tanto el resto están almacenadas, según el Instituto Internacional de Estocolmo de Investigación para la Paz (SIPRI).
Por supuesto, la intencionalidad es lo que separa a los usos bélicos de los pacíficos de la energía nuclear. Las armas nucleares fueron creadas en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y se les pensó para poner fin a esa contienda y a otras más que se presentarían en el futuro. La energía nuclear, por otro lado, fue asumida como un vehículo para favorecer la generación de electricidad y apoyar el progreso social. Desafortunadamente, la línea que separa las aplicaciones bélicas de las civiles parece diluirse en años recientes. En estos tiempos es cada vez más común que en medio de conflictos bélicos sean atacadas centrales nucleares, como hizo Rusia con la central nuclear de Zaporozhia en Ucrania, o como recién hicieron Israel y Estados Unidos contra centrales nucleares en Irán como las de Natanza, Isfahan, y Fordow. Ahora no es sólo el error humano -como aconteció en la central nuclear de la Isla de Tres Millas en EEUU en 1979 o en la central nuclear de Chernobyl, en la URSS en 1986. Tampoco se trata de un terremoto de magnitud de 9 grados como el que contribuyó a la crisis de la central nuclear de Fukushima en Japón en 2011. Ambas posibilidades se mantienen latentes. Pero lo que resulta en extremo preocupante es que una central nuclear con fines pacíficos sea atacada de manera deliberada en una contienda bélica, lo que enciende las alarmas sobre una catástrofe nuclear inducida por tensiones geopolíticas. Para México, que es uno de los más de 30 países con centrales nucleares en el planeta (se estima en 412 el total de centrales nucleares en el mundo), estos ataques preocupan y deben ser enérgicamente denunciados y castigados. A la fecha ni el gobierno de Irán, ni los de EEUU ni Israel han proporcionado información sobre la radiación que se podría haber liberado con motivo de los ataques a las centrales nucleares iraníes, pero los expertos temen que el riesgo de que muchas personas hayan quedado expuestas a envenenamiento radiactivo en el país asiático es altamente posible.
Pasando ahora a los usos bélicos de la energía nuclear, si bien desde 1945 no se han vuelto a usar armas nucleares contra seres humanos, sí se han llevado a cabo ensayos nucleares en localidades cercanas a zonas habitadas, lo que ha producido terribles impactos en la salud de las personas expuestas al envenenamiento radiactivo. Ha sido el caso en Nevada, Semipalatinsk y en el Pacífico Sur incluyendo Australia y las Islas Marshall. Las personas afectadas por estos ensayos nucleares comparecieron en la negociación del Tratado para la Prohibición de los Ensayos Nucleares (TPAN), firmado en 2017 y en virgo a partir de 2021. Su participación permitió evidenciar los efectos indiscriminados de las armas nucleares, dado que éstas no distinguen entre civiles y combatientes, además del agravante de que sus secuelas son largas y dolorosas para los supervivientes e incluso para sus descendientes. De ahí que el derecho internacional humanitario haya sido invocado durante la gestión del tratado encaminado a estigmatizar a las armas nucleares, primer paso para su eliminación. Aunque hay que reconocer que para que eso ocurra, hay un largo y sinuoso camino por recorrer.
Las armas nucleares hoy, son una enorme amenaza para la supervivencia humana, animal y vegetal del planeta. El riesgo de su empleo en combate es quizá el más alto desde los tiempos de la Crisis de los Misiles de 1962. Por ello el reloj del juicio final marca desde enero del presente año, 89 segundos para la media noche, es decir, para el holocausto nuclear. Esto es por varias razones.
En primer lugar, hay claros indicios de que las nueve potencias nucleares están resueltas al empleo de este letal sistema de armamento en el momento actual. Claro, algunas están más resueltas que otras. Así, Corea del Norte, continúa con el desarrollo de armas nucleares, ensayos y además prueba misiles balísticos en los espacios aéreos de Corea del Sur y Japón, amén de que se retiró del Tratado de No-Proliferación de Armas Nucleares en 2003. Israel, quien no ha confirmado tener capacidades nucleares -aunque es bien sabido que las posee desde los años 60 y que recibió la ayuda inicialmente de Francia para lograrlo- recién atacó, con el apoyo de EEUU, instalaciones nucleares de Irán. El mensaje es claro: Israel no quiere que ningún otro país en Medio Oriente posea el secreto nuclear. India y Pakistán, que en meses recientes han experimentado renovadas tensiones por cuestiones fronterizas, poseen armas nucleares y el contexto geopolítico regional y global, con una RP China que ha anunciado que incrementará sus ojivas nucleares de 600 a 1 000 hacia el final de la década, parece favorecer una mayor proliferación. Además, ni Islamabad ni Nueva Delhi se han adherido al Tratado de No-Proliferación de Armas Nucleares.
Francia y el Reino Unido recientemente dieron a conocer que coordinarían sus políticas sobre armas nucleares a efecto de disuadir a potenciales agresores -es decir, Rusia. Del lado de Moscú, el país continúa ampliando su arsenal nuclear, el mayor del mundo, y desde octubre de 2023 emplazó armas nucleares tácticas en la vecina Bielorrusia. EEUU por su parte ha anunciado un incremento histórico a su presupuesto militar para el año fiscal 2026, que se elevará a 1 billón (trillion) de dólares, donde la mejora, ampliación y perfeccionamiento de su arsenal nuclear recibirá importantes fondos.
En segundo lugar, es menester recordar que tanto Rusia como EEUU poseen buena parte del arsenal nuclear del mundo y que mediante negociaciones bilaterales en la Guerra Fría y en la post Guerra Fría, lograron reducirlo. Entre ellas destacan las que se materializaron en acuerdos como el Tratado Misiles Antibalísticos (ABM) de 1972; el Tratado sobre Limitación de Armas Estratégicas (SALT) de 1972 y 1979; el Tratado para la eliminación de las Armas Nucleares de Alcance Corto e Intermedio en Europa (INF) de 1987; el Tratado sobre la Reducción de Armas Nucleares Estratégicas (START) de 1991 y que había sido renovado de manera subsecuente hasta 2011. Sin embargo, todos esos tratados se encuentran en el cementerio. El Tratado INF fue denunciado por Estados Unidos 2 de agosto de 2019 y apenas por Rusia el 4 de agosto del presente año. El ABM terminó en 2002 cuando EEUU se retiró. Los acuerdos SALT I y II contribuyeron a distensar las relaciones bilaterales entre ambas potencias pero el segundo llegó a su fin el 31 de diciembre de 1985. Si bien estas negociaciones dieron pie al tratado START en sus diversas versiones y actualizaciones, el nuevo START caducará el 5 de febrero de 2026 y no parece ni que el gobierno de Donald Trump ni el de Vladímir Putin tengan en sus respectivos radares retomar las negociaciones para reducir sus arsenales. Si no entablan negociaciones de inmediato, lo más probable es que en la siguiente década sus ojivas nucleares crezcan en, alrededor de un 35 por ciento respecto a las actuales. Tampoco debe dejarse de lado el lenguaje irresponsable de Putin y Trump cuando hablan de la posibilidad de usar armas nucleares. El primero lo ha hecho para intimidar a Occidente en el contexto de la guerra en Ucrania. Y por el lado del vecino país del norte cómo olvidar cuando, en su primera administración y previo al histórico encuentro con Kim Jong Un, Donald Trump dijo que si Corea del Norte no aceptaba negociar en torno a su programa nuclear lo único que podría esperar sería “furia y fuego” de parte de Washington.
Mención especial merecen las armas nucleares que Estados Unidos tiene emplazadas en países europeos miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Dichas armas reposan en los territorios de Turquía, Alemania, Bélgica, Países Bajos e Italia y pueden ser empleadas contra Rusia o incluso contra la RP China a la que la doctrina estratégica de la OTAN ya considera una “gran amenaza” para los intereses occidentales.
Para poner las cosas más tensas, ninguna de las nueve potencias nucleares ha suscrito el TPAN y sólo ocho de ellas se mantienen en el Tratado de No-Proliferación. El único país que renuncio a poseer armas nucleares en la historia ha sido Sudáfrica en 1990, habiendo desmantelado sus seis armas nucleares para integrarse al Tratado de No-Proliferación. Se cree que su programa nuclear fue auspiciado por Israel. Otro países que tenían armas nucleares y se deshicieron de ellas son Kazajstán, Ucrania y Bielorrusia, quienes las heredaron de la URSS y cuando ésta se desintegró acordaron desnuclearizarse. Bielorrusia, como se explicaba, es un Estado vasallo de Rusia y ahora aloja en su territorio armas nucleares tácticas de los rusos. Ello, entre otras razones, llevó a la administración de Joe Biden a valorar el incremento, emplazamiento y uso potencial de armas tácticas ante Rusia u otro adversario.
Pese a este panorama, es de destacar que la inmensa mayoría de los Estados que pertenecen al Tratado de No-Proliferación de armas nucleares reposan su seguridad en la desnuclearización, en tanto sólo ocho de ellos -más Corea del Norte- mantienen la mentalidad de guerra fría de que la seguridad se puede lograr mediante la posesión de las armas nucleares. El número de países que han suscrito el Tratado para la Prohibición de las Armas Nucleares es, en el momento actual, de 94, que es 10 veces superior al número de naciones que han decidido poseer armas nucleares. El Tratado para la Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBT) de 1996 cuenta con 187 signatarios -si bien el 2 de noviembre de 2023 Rusia retiró su ratificación de este instrumento en medio de las tensiones geopolíticas que se viven por su agresión a Ucrania y las sanciones internacionales que enfrenta.
Un tema a recordar en estos momentos, son las personas que han sido víctimas de las armas nucleares. Esto no incluye únicamente a los residentes de Hiroshima y Nagasaki. Los ensayos nucleares de EEUU en las Islas Marshall, los de Francia en la Polinesia Francesa y los de Rusia en el Polígono de Semipalatinsk (Kazajstán) han generado hibakushas que en el marco de la negociación del TPAN presentaron sus testimonios exigiendo asistencia médica e indemnizaciones por el daño causado a su salud y sus vidas con motivo de la exposición a la radiactividad. Se sabe que Estados Unidos no ha pagado ninguna compensación a las víctimas de Hiroshima y Nagasaki. Empero, sí ha canalizado recursos para compensar a personas que padecieron envenenamiento radiactivo con motivo de sus programas sobre armas nucleares, mediante el Acta de Compensación por Exposición a la Radiación (RECA) que ha permitido canalizar 2 mil 600 millones de dólares a unas 41 mil personas afectadas. Para dar al lector una idea de la magnitud del problema que enfrentan las personas expuestas a envenenamiento radiactivo, la Nuclear Threat Initiative ha documentado que entre 1946 y 1962, Estados Unidos realizó más de 200 pruebas nucleares, tanto en la superficie como submarinas. Durante muchas de estas pruebas, miles de soldados estuvieron estacionados en las cercanías, generalmente en trincheras o en buques de guerra. A algunos se les ordenó ir directamente a la zona cero poco después de la detonación de manera que muchos de ellos sufrieron enfermedades crónicas, probablemente relacionadas con su exposición a las pruebas -esto ocurrió desde la mismísima prueba Trinity del 16 de julio de 1945. Por si fuera poco, a los veteranos se les prohibió contarle a nadie, ni siquiera a sus familiares, sus experiencias. Este “juramento de confidencialidad” no se eliminó sino hasta 1996 y, para entonces, muchos veteranos de las armas atómicas y nucleares de EEUU ya habían fallecido, sin poder contar sus historias. Ahora bien, las personas que cumplieran con el criterio de elegibilidad para recibir compensaciones conforme al RECA, se harían acreedores a la suma de 75 mil dólares que en modo alguno compensan el sufrimiento y la merma de la salud de cada veterano. Ahora: ojo que estos recursos sólo son a veteranos estadunidenses expuestos a la radiación por pruebas atómicas y nucleares de Estados Unidos.
Como se comentaba, Estados Unidos nunca dio un solo dólar a las víctimas o familiares de quienes perecieron con motivo de las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki. Lo que sí es que el gobierno de Japón dispuso en 1994 la aprobación de la Ley de Apoyo para las Víctimas de la Bomba Atómica que provee apoyo médico y de cuidados para quienes estuvieron expuestos a los ataques de Hiroshima y Nagasaki, no así compensaciones económicas a nivel Estado para supervivientes ni su descendencia.
Un caso ampliamente debatido hoy en el Reino Unido, es el de las compensaciones a sus soldados que participaron en los ensayos nucleares realizados en Australia. El Reino Unido detonó al menos 12 armas atómicas e híbridas de fisión-fusión en Australia en la década de 1950. Ocho de ellas fueron detonadas en torres de 31 metros, apenas el 5 por ciento de la altura a la que se detonaron las bombas en Hiroshima y Nagasaki en 1945. Hubo al menos una explosión en tierra, conocida por ser la más contaminante en términos de lluvia radiactiva, ya que los restos radiactivos cayeron cerca de la zona cero en lugar de ser esparcidos por Australia y territorios de los océanos Índico y Pacífico. Los británicos detonaron más de 200 kilotones de explosivos radiactivos a 30 metros o menos, incluyendo uno con una potencia de 98 kilotones en 1956 -a manera de comparación, la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima era de 15 kilotones. Los ensayos también afectaron a los pueblos indígenas residentes en las zonas donde se llevaron a cabo -en 2017 el gobierno australiano dijo que les brindará asistencia sanitaria. En el Reino Unido, el gobierno de Keir Starmer enfrenta la presión de los abogados de soldados y familiares cuyas vidas se vieron profundamente afectadas por la exposición a los efectos de los ensayos nucleares. A diferencia de Estados Unidos, Londres no ha hecho compensación alguna a sus veteranos.
En el caso de Francia, que desarrolló unos 200 ensayos nucleares tanto en Argelia como en la Polinesia Francesa. 193 pruebas nucleares se efectuaron entre 1966 y 1996 en los atolones de Mururoa y Fangataufa. Esto incluyó 41 pruebas atmosféricas que expusieron a la radiactividad a las personas que trabajaban en esas zonas hasta mediados de la década de 1970. Se cree que estas pruebas son más peligrosas debido a la posibilidad de que la lluvia radiactiva se propagara dado que las bombas atmosféricas generalmente eran detonadas a gran altitud. Los ensayos nucleares de Francia se efectuaron a unos 1 125 kilómetros al sureste de los principales centros de población de Tahití, como Papeete, pero los residentes señalan que la radiactividad impactó en su salud. Fue por ello que París decidió en 2010 crear un plan de compensación nuclear aplicable a personas argelinas y polinesias que demostraran que su salud se vio dañada por los ensayos franceses. Entre 2017 y 2017 el 97 por ciento de las solicitudes fueron rechazadas por el gobierno francés, por considerar que no reunían los requisitos de aplicabilidad. Dichos criterios cambiaron en 2021, por lo que a partir de entonces un 50 por ciento de los solicitantes ha tenido éxito en sus reclamos.
Lo descrito denota el cinismo e irresponsabilidad de las potencias nucleares frente a sus veteranos y los habitantes de los lugares donde condujeron ensayos. Más allá de ello, los hibakusha concepto que, como se ha sugerido, se extiende más allá de las personas expuestas al envenenamiento radiactivo por las bombas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki, han hecho un extraordinario esfuerzo para visibilizar los estragos de las bombas atómicas y las personas afectadas -muchas de ellas poblaciones indígenas- por los ensayos nucleares son también voces que le ponen rostro a la tragedia humana, rara vez ponderada en la historia de la era nuclear. La sociedad civil es fundamental en todo el mundo para presentar testimonios pero también para presionar a los gobiernos con el mensaje de que las armas atómicas y nucleares no deben usarse nunca más, como tampoco se deben ensayar sistemas de armas nucleares como lo mandata el CTBT. Simple y llanamente las armas nucleares deben ser eliminadas como lo plantea el TPAN dado que sus efectos son indiscriminados, de acción inmediata pero también postergada y atentan contra la vida en la Tierra.
