Sí a la reforma electoral… pero no la de Pablo Gómez

El grupo en el poder ha instalado en la práctica un régimen de dominación clientelar, patrimonialista y de monopolio partidario. Ahora, remedando los fallidos intentos de López Obrador conocidos como “plan a” y “plan b”, el mismo grupo pretende convertir en norma constitucional el régimen de hecho. Para redactar la contrarreforma electoral, la presidenta Sheinbaum instaló un delirante comité encabezado por Pablo Gómez, quien ya anunció su intención de pasar a la historia como el sepulturero de la transición democrática.

Ante esta nueva tentativa, los partidos de oposición y las organizaciones de la sociedad civil debieran postular sus propias demandas de reforma electoral para el restablecimiento de la democracia y el pluralismo. A continuación, los 10 puntos de partida para tal propuesta:

  1. Que la representación en el Congreso de la Unión se corresponda con el porcentaje de votos que cada fuerza política obtenga en las urnas. Esto se puede lograr con un esquema sin dominante (50% mayoría relativa y 50% representación proporcional) y suprimiendo toda cláusula de sobrerrepresentación en la integración del Congreso.
  2. Reforzar la autonomía de los órganos y tribunales electorales nacionales y locales, así como restablecer en ellos el servicio civil y judicial de carrera.
  3. Terminación anticipada de la gestión de los consejeros y magistrados electorales que encabezan Guadalupe Taddei y Mónica Arali Soto, dado que se han plegado a las consignas del partido-gobierno, obsequiaron a Morena con una mayoría artificial en el Congreso y validaron el fraude de la elección judicial.
  4. Cese del actual titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, por el notorio incumplimiento de su deber de procurar justicia en la materia, y elección del nuevo fiscal con el consenso de los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil.
  5. La credencial del INE debe seguir siendo la única identificación válida para votar y para ejercer los derechos político-electorales. No a la CURP biométrica de la Secretaría de Gobernación. El padrón electoral, los listados nominales electorales y la credencial de elector deben seguir a cargo de un órgano autónomo, con la vigilancia de los partidos políticos y la ciudadanía.
  6. Fortalecer las facultades fiscalizadoras del INE para separar el poder económico de la actividad política, erradicar el dinero proveniente del crimen organizado y establecer un esquema equitativo para la asignación de financiamiento público a los partidos.
  7. Prohibir la utilización de colores partidistas en la identificación y diseño gráfico de las dependencias y entidades gubernamentales y en el vestuario del personal burocrático.
  8. Sancionar el acarreo, los acordeones y toda forma de presión e inducción del voto. El clientelismo electoral y el uso de programas sociales para las campañas electorales debe producir la nulidad de las elecciones en automático y la sanción de los responsables.
  9. Hacer cumplir el impedimento de campañas anticipadas con la negativa del registro de las candidaturas que incurran en las mismas.
  10. Fortalecer la prohibición del uso de bienes y recursos públicos para el lucimiento de los gobernantes, mantener la prohibición de contratos publicitarios en radio y televisión y la veda de propaganda gubernamental durante las campañas electorales.

Asimismo, tanto la oposición partidista como las organizaciones de la sociedad civil deben recordar que la transición democrática se conquistó a fuerza de resistencia civil pacífica. La terminación del régimen de partido de Estado, lograda a fines del siglo pasado, se realizó luego de largas jornadas de lucha en las que los democratizadores recurrieron tanto a las vías legales, electorales y parlamentarias, como a las movilizaciones (mítines, plantones) y otras formas de protesta (bloqueos carreteros, toma de edificios públicos, boicot electoral, paro legislativo, entre otras).

Cincelada: Berman y Batres quieren poner bozal a los gobernados, cuando lo que se requiere es que los gobernantes cumplan el principio de imparcialidad a que los obliga el 134 constitucional.

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