Se quebró la “estrategia de seguridad pública” que López Obrador estableció durante su sexenio, pese a la intención continuista de la presidenta Sheinbaum. Naufragó esa estrategia porque quedó al descubierto lo que se ocultaba detrás de aquello de “atacar las causas”, “abrazos no balazos” y del numerito del pañuelo blanco que repetidamente agitó AMLO: el contubernio gobierno-crimen organizado escaló al primer círculo gubernamental y se sublimó hasta convertirse en política de Estado.
La impostura llegó al más alto nivel del poder en México: por un lado, el cartel de Sinaloa y la red de marinos recientemente descubierta (vinculada al Cartel Jalisco Nueva Generación) contaban con la colaboración de un alto mando de Palacio Nacional para lavar su dinero. Por otra parte, el gobernador de Tabasco, luego Secretario de Gobernación, corcholata de AMLO y actual líder del Senado, ha sido vinculado al cartel La Barredora, al tiempo que la militarización de aduanas y puertos decretada por AMLO, combinada con el nepotismo del almirante Rafael Ojeda Duran, elevaron al huachicoleo a una nueva función de la Secretaría de Marina.
Siendo gobernador, Adán Augusto López Hernández puso al mando de la policía estatal a Hernán Bermúdez Requena, acusado de comandar el cartel La Barredora (quien al cierre de la edición fue detenido por Interpol en Paraguay). De larga relación, López y Bermúdez Requena militaron juntos en el PRI de Tabasco en los años 80 y 90 y el primero registró notarialmente las empresas del hoy detenido. El ascenso de López Hernández en la política nacional coincidió con la expansión de la empresa criminal, que se hizo fuerte en Chiapas bajo el gobierno de Rutilio Escandón (su compañero de sector y de partido, además de ser su cuñado), extendió sus redes al sureste, Veracruz y Tamaulipas, e incluyó entre sus actividades delictivas las diferentes variedades del huachicoleo.
En forma paralela a lo anterior, la Casa de Bolsa Vector lavó dinero ilegal del cartel de Sinaloa, según las investigaciones del Tesoro estadounidense. Adicionalmente, la FGR de México afirma que también lavó 220 millones de pesos de la red criminal encabezada por mandos de la Marina Armada dedicada al huachicoleo fiscal (contrabando de gasolinas). Propiedad de Alfonso Romo, el Jefe de la Oficina Presidencial de AMLO, Vector quedó relacionada con esta red en la acusación de la FGR por la cual se giró la orden de aprehensión contra13 personas, entre ellas el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano el contraalmirante Fernando Farías Laguna, ambos sobrinos políticos del titular de la Secretaría de Marina. El primero ya se encuentra detenido en el penal del Altiplano y el segundo está en carácter de prófugo de la justicia. Según la acusación de la fiscalía mexicana, los imputados utilizaron la empresa fachada Grupo Potesta para lavar dinero en la Casa de Bolsa fundada por Romo, quien fuera parte importante del gabinete presidencial de AMLO.
Esta red macrocriminal, descrita así por Jacobo Dayán, especialista en derechos humanos y director del Centro Cultural Universitario de Tlatelolco de la UNAM, es una empresa criminal que operó con la protección al más alto nivel. Se debe recordar que en 2019 AMLO decretó la militarización de las aduanas y de los puertos marítimos. Por decisión presidencial la Secretaría de Marina asumió el control de los mismos y, a partir de ello, el grupo criminal manipuló los nombramientos de titulares de aduanas y puertos estratégicos para el contrabando de gasolinas. Construyó así una intrincada red de complicidad entre mandos de la Marina, funcionarios públicos, agentes aduanales, exportadores e importadores, distribuidores y empresarios gasolineros. Un negocio de miles de millones de pesos que se prohijó desde el poder, al igual que las otras empresas criminales mencionadas. Lo anterior, junto con muchas más evidencias, es indicativo de que en aras de la exactitud la muletilla presidencial debiera traducirse como “huachicolazos, no balazos”.
Cincelada: El peritaje en el Puente Concordia debiera incluir el mantenimiento de esa vía, pero después del accidente el tramo en que se volcó la pipa fue repavimentado sospechosamente.
