Las reformas obradoristas tienen el propósito de adecuar las normas a las conductas ilegales de los gobernantes y/o consumar represalias, favorecen la concentración y el monopolio de poder, la arbitrariedad gubernamental y la justicia selectiva. El grupo en el poder no legisla para atender el interés general ni para respetar los principios de libertad, justicia e igualdad: decreta reformas con dedicatoria. La vendetta es parte de la turbia exégesis de la reforma judicial y de las reformas a la Ley de Amparo, ya que se impulsaron como castigo a ministros, magistrados y jueces, y en contra de los niños con cáncer, las comunidades indígenas y grupos ambientalistas.
La antigua Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su papel de garante de la Constitución, declaró la inconstitucionalidad de la contrarreforma electoral iniciada por López Obrador y aplicó una medida similar para invalidar la reforma eléctrica impulsada por la misma administración. Efectivamente, el 23 de junio de 2023, la SCJN dictó sentencia en la Acción de Inconstitucionalidad 71/2023 y sus acumuladas para invalidar el paquete de contrarreforma electoral conocido como “plan B”. La mayoría de los ministros encontraron que el grupo mayoritario había cometido graves violaciones al procesGobierno legislativo, por lo que anularon dichas reformas.
El 1o. de febrero de 2024, la Segunda Sala de la SCJN dictó sentencia en el Amparo en Revisión 164/2023. Con esa decisión se concedió el amparo a seis empresas y se declaró la inconstitucionalidad de los cambios a la Ley de la Industria Eléctrica, que habían sido aprobados a iniciativa del mismo presidente.
Fue López Obrador quien ubicó éstas dos determinaciones como el origen de su idea de acabar con la división de poderes y destruir al Poder Judicial de la Federación, proyecto que bautizó como el “plan C”. “Antes de que me vaya voy a presentar una reforma para que los ministros se elijan por el pueblo”, dijo en alguna de sus deposiciones matutinas. Así se puso en marcha la venganza contra los ministros, que luego se hizo extensiva a todos los jueces del país.
Pero, además de los juzgadores, también los demandantes de amparo contra decisiones arbitrarias del gobierno son objeto del revanchismo legislativo. En paralelo a las declaratorias de inconstitucionalidad mencionadas, los padres de los niños con cáncer demandaron el amparo judicial. Se trató de una medida desesperada para conseguir el tratamiento médico para sus pequeños. Diversos jueces federales concedieron la suspensión provisional y luego resolvieron el amparo definitivo, lo que obligó a las autoridades del sector salud a brindar atención a los pacientes.
De modo similar, desde 2020, tanto comunidades mayas como grupos ambientalistas intentaron la vía del amparo para detener el ecocidio llamado “Tren Maya”. El 7 de diciembre de ese año, el juzgado primero de distrito con sede en Campeche concedió la suspensión de las obras del tramo 2 (Escárcega- Calkiní). Entre los demandantes estaban el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal. Otras demandas incluyeron los 7 tramos del megaproyecto y los demandantes, como el Centro Comunitario Maya U kúuchil k Ch’i’ibalo’on, reclamaron que la obra no contaba con ningún permiso ni Evaluación de Impacto Ambiental.
¿Qué hizo el gobierno obradorista ante estas demandas? Desacató muchos de los amparos concedidos. Atendió con cuentagotas a los niños con cáncer. Involucró al ejército en las obras de la península yucateca para intimidar a la población. Tildó como golpistas a los padres de los niños con cáncer, a las comunidades mayas y a los activistas ambientales. Pero también urdió una solución de fondo, la que no consistió en solucionar el problema del desabasto de medicamentos ni en detener la devastación de la selva maya. Su “solución” fue ir en contra del amparo como instrumento legal de los ciudadanos para enfrentar las arbitrariedades u omisiones de los gobernantes. Se trata, pues, también de una revancha: tal es la miserable exégesis de la regresiva reforma a la Ley de Amparo, que fue iniciada por la presidenta Sheinbaum y será aprobada por sus disciplinados levantadedos.
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