La salida del Fiscal General no fue un acto aislado ni voluntario. Fue el desenlace de una serie de expedientes incómodos que empezaron a circular y que, como suele ocurrir en México, terminaron por salpicar a demasiados.
El expediente Rocha: Con cientos de páginas, expuso relaciones y nombres que incomodaban a más de uno. El riesgo era evidente: si se seguía investigando, la onda expansiva alcanzaría a figuras de alto nivel.
El antecedente del huachicol: Ya antes se había filtrado un documento similar, expuesto en televisión, que mostraba la magnitud del problema. El Fiscal parecía protegerse mostrando que investigaba, pero esa misma exposición lo dejó vulnerable.
La “limpieza” institucional: La llegada de Ernestina Godoy como encargada de despacho se interpreta como un movimiento para “ordenar la casa”. Pero más que limpiar, la tarea parece ser controlar daños: manejar al testigo protegido, silenciar nombres y encubrir lo que incomoda.
La mano política: En este tablero, la intervención de Adán Augusto se lee como decisiva. No se trató de un relevo administrativo, sino de un ajuste de poder.
La renuncia del Fiscal no responde a un ciclo natural de la justicia, sino a la lógica del control político. Los expedientes no desaparecen, sólo se esconden bajo la alfombra. Y la pregunta que queda flotando es inevitable: ¿quién protege al ciudadano cuando la verdad se convierte en mercancía de poder.
