A pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum ha asegurado en diferentes ocasiones que con la 4T se ha terminado la corrupción, siguen apareciendo irregularidades en diferentes instituciones gubernamentales. Un alto funcionario del Instituto Politécnico Nacional (IPN) está bajo investigación por presuntos desvíos de recursos en esta institución y en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Se trata de Javier Tapia Santoyo, quien desde 2021 se desempeña como secretario de Administración en el IPN; de acuerdo con la investigación que lleva a cabo la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, entregó un contrato de 2 mil 500 millones de pesos a la empresa Servicios Integrales Retimar, la cual está vinculada con el denominado “cártel de la limpieza”, esto es, un grupo de empresas que han acaparado contratos en el servicio público. Esto se da a conocer a poco más de una semana de que personal de limpieza del IPN realizó protestas por la falta de pagos oportunos.
En el expediente de la indagatoria, consultado por Reforma, se acusa a Tapia Santoyo de limitar la libre participación de posibles proveedores en el proceso de licitación, con el fin de favorecer con la adjudicación a uno en específico. También se indica que el contrato otorgado se hizo en forma plurianual, para los años 2025, 2026, 2027 y hasta 2028, por un monto superior a los 2 mil millones de pesos. Por esos hechos, se considera al funcionario como posible responsable de enriquecimiento ilícito y abuso de funciones.
Las investigaciones sobre este funcionario también abarcan su gestión como tesorero del ISSSTE entre 2019 y 2021, periodo en el que recibió depósitos en cuentas bancarias propias y de dos empresas con las que tiene relación: Human Mobile Systems y Labi Scientific. De igual forma, otorgó contratos para insumos médicos por más de mil 613 millones de pesos a una red corrupción de empresas fantasma, entre ellas Interacción Biomédica.
Por estas conductas que se han acreditado en Tapia Santoyo, la Secretaría Anticorrupción pidió al IPN suspenderlo de su cargo, además de retirarle el acceso a su cuenta de correo institucional, a las cuentas de sistemas institucionales a las que podía ingresar, así como al uso de recursos públicos financieros, humanos y materiales, esto a fin de que evitar que puede desaparecer evidencias que lo incriminen.
“Existe un riesgo real inminente de que, de continuar desarrollando las funciones inherentes al cargo, pueda entorpecer, manipular o eliminar alguna prueba que pudiese resultar contraria a sus intereses”, se indica en el documento enviado al IPN, que hasta el cierre de esta nota no se ha pronunciado sobre el tema.
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