La explosión de un coche bomba en Coahuayana, Michoacán, no es un hecho aislado ni un simple episodio de violencia criminal. Es un ataque con claros rasgos terroristas
Un vehículo cargado de explosivos, dirigido contra una sede comunitaria, con el objetivo de sembrar miedo colectivo y destruir el tejido social. Negar esa realidad es un insulto a las víctimas y a la ciudadanía.
Mientras el gobierno de Estados Unidos y Donald Trump ya hablan de terrorismo en México y se ofrecen a “ponerse la camiseta” para combatirlo, el gobierno mexicano se refugia en tecnicismos y en la supuesta defensa de la soberanía. La presidenta ha instruido a la Fiscalía a determinar si el atentado “merece” ser llamado terrorismo. ¿Qué más se necesita? ¿Cuántos muertos, cuántos espacios comunitarios destruidos, cuántas familias desgarradas para aceptar lo evidente?
La soberanía no se defiende con ambigüedad. Se defiende con claridad, con responsabilidad y con un compromiso real hacia la ciudadanía. El absurdo está en que se discuta la etiqueta jurídica mientras la comunidad vive el terror en carne propia. El Estado mexicano parece más preocupado por no incomodar a los discursos oficiales que por reconocer la magnitud del daño.
Nombrar el terrorismo no es una concesión a Estados Unidos ni una derrota de la soberanía. Es un acto de dignidad hacia las víctimas y un paso indispensable para enfrentar la violencia con la seriedad que exige. La memoria ciudadana no puede aceptar eufemismos: lo que ocurrió en Michoacán es terrorismo, y negarlo solo profundiza la herida.
