En el gobierno que actualmente encabeza Claudia Sheinbaum, en la Oficina de la Presidencia se ha colocado a más de 60 servidores públicos en puestos de dirección y subdirección sin contar con licenciatura, a pesar de que así lo establece la normatividad vigente; y más aún, en algunos casos los funcionarios apenas cuentan con el bachillerato e incluso con secundaria y su única experiencia laboral ha sido trabajar en Morena.
De acuerdo una revisión documental realizada por el sitio digital Eme Equis de las plazas de confianza de la oficina presidencial, se encontraron varios casos en que los ocupantes no cumplen con la condición de un título de licenciatura para ocupar el puesto de director o subdirector de área dentro de la Administración Pública Federal (APF).
Por ejemplo, Juan Carlos Guerrero Catarino, ocupa una dirección de área adscrita la Unidad de Administración y Finanzas, con un sueldo mensual bruto de 72 mil 238 pesos, aunque solo cuenta con estudios en el Colegio de Bachilleres, aún así su cargo anterior fue una plaza de Líder Coordinador de Proyectos en la Alcaldía Milpa Alta, plaza para la que también se piden estudios universitarios.
En el caso de Marco Antonio Meneses Flores, únicamente tiene estudios de secundaria y pese a ello, está a al frente de una subdirección de área en la Secretaría Técnica del Gabinete. Su sueldo mensual bruto es de 39 mil 078, por realizar tareas de “Análisis documental”.
El servidor público Alberto Daniel Rojas Márquez, con nivel máximo de estudios de secundaria, es director de área adscrito a la Secretaría Particular. Según la información recabada por Eme Equis, es uno de los choferes de los vehículos en que se traslada la presidenta Claudia Sheinbaum. Su sueldo mensual bruto es de 51 mil 361 pesos y en su más reciente declaración reportó ingresos anuales por 684 mil 598 pesos anuales.
Rojas Márquez ya desempeñaba funciones de chofer desde el gobierno de López Obrador y en su declaración de 2023 reportó ingresos por 563 mil 679 pesos, es decir, en un periodo de dos años sus ingresos anuales se incrementaron en 120 mil 290 pesos.
Otro caso es el de Jovany Alexis Camarena Castañeda, quien está a cargo de una subdirección de área en la Secretaría Particular de la Presidenta. Su grado máximo de estudios es de bachillerato tecnológico en el Instituto Acatitlán. Su salario mensual bruto de 53 mil 692 pesos.
A su vez, Julio César Matus Rosas, quien entre 2016 y 2019 se desempeñó como auxiliar administrativo, ahora ocupa una subdirección de área en la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales. Su último grado de estudios es nivel bachillerato en el CCH Azcapotzalco de la UNAM.
En tanto, Miguel Ángel Vite Hernández, también proveniente de la nómina de Morena, donde trabajó como analista de fiscalizació, ocupó una jefatura departamental en el sexenio de López Obrador y la actual administración fue ascendido subdirector de Área adscrito a la Dirección General de Ayudantía, con un sueldo bruto de 46 mil pesos, a pesar de que solo cuenta con bachillerato concluido.
En una subdirección de área adscrita a la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República, se designó a Mónica Paulina Rodríguez Pérez, quien solo cuenta con estudios de bachillerato en el CCH Plantel Vallejo y solo reportó haberse inscrito en la carrera Comunicación y Periodismo por la UNAM, pero sin precisar el grado de avance en ella. Pese a ello percibe sueldo mensual bruto de 53 mil 692 pesos.
En el caso de Roberto Ramos Molina, se desempeña como subdirector de Área adscrito a la Secretaría Técnica del Gabinete, con nivel bachillerato por el Instituto Metropolitano del Norte y carrera trunca en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua. También gana un salario 53 mil 692 pesos. Estuvo a cargo de la Representación del Gobierno del Estado de Chihuahua en la Ciudad de México, en la administración de Javier Corral.
Como los anteriores, Eme Equis documentó más de 60 casos en la Oficina de la Presidencia de la República, en donde se contrata a personas que no cumplen con el perfil académico establecido por la normatividad para ocupar plazas de confianza, con lo que se demuestra que en la llamada 4T, se aplica la máxima de López Obrador para los servidores públicos: 90% lealtad y 10% experiencia y preparación.
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