La presidencia de Claudia Sheinbaum a la Presidencia ha estado acompañada por una narrativa clara: continuidad del proyecto político de la Cuarta Transformación. Pero con un sello propio de técnica, institucionalidad y combate a la corrupción.
El nombramiento de Omar García Harfuch en la Secretaría de Seguridad reforzó esa expectativa. Sin embargo, a los pocos meses del arranque de su gobierno, diversas decisiones encendieron cuestionamientos sobre hasta dónde llega una promesa de cambio cuando se enfrenta a grupos de poder controvertidos.
Evitar enfrentamientos
Defensores del gobierno argumentan que Sheinbaum enfrenta un escenario complejo: presiones internas, herencias del sexenio anterior y necesidad de mantener cohesión en un movimiento amplio y heterogéneo. Desde esa óptica, evitar confrontaciones con actores poderosos sería más una decisión pragmática, que una claudicación ética.
Pero cada expediente que no avanza, cada ruptura que no se explica, erosiona la credibilidad del discurso anticorrupción que abanderó en campaña. La pregunta no es si el gobierno tiene derecho a priorizar la estabilidad política, sino si puede hacerlo sin sacrificar la promesa de que la ley se aplica sin distinciones.
En ese delicado equilibrio se juega la imagen de Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch, y la viabilidad moral del proyecto.
El discurso de combate a la corrupción comienza a mostrar fisuras profundas cuando se contrasta con los hechos: las decisiones tomadas frente a algunos de los grupos de poder más cuestionados del país parecen responder más a una lógica de contención política que a una de procuración de justicia.
El caso “El Limón”: deslinde sin castigo
Un caso visible fue el deslinde público hecho por el líder sindical Pedro Haces de la empresa “El Limón”, un movimiento que sorprendió por la cercanía política, personal, empresarial y de gestiones gansteriles que se atribuía entre ambas partes.
El rompimiento, presentado como una decisión administrativa, y que el secretario de Seguridad Omar García no viera “de momento” vínculos entre Pedro Haces y “El Limones”, jefe de plaza de los Cabrera Sarabia, fue interpretado como un gesto de control de daños, más que como resultado de una investigación.
La desvinculación de Pedro Haces de la empresa fue presentada como un acto administrativo menor, aunque detrás de esa decisión, existe un historial de acusaciones por lavado de dinero, evasión fiscal y uso de esquemas empresariales opacos, señalados en reportajes e indagatorias fiscales previas.
Pese a ello, no se ha informado de procesos penales, sanciones del SAT ni investigaciones profundas que expliquen cómo operaba la red financiera de la empresa ni de quiénes se beneficiaron de ella.
El mensaje fue claro: cortar la relación visible, pero no tocar el fondo del asunto.
Huachicol fiscal: nombres que no se investigan
Más grave aún es el silencio oficial frente a las acusaciones de huachicol fiscal, una práctica que implica contrabando de combustibles, evasión de impuestos y lavado de dinero, que impacta al Estado mexicano más el hecho de que grandes sumas de ese dinero fue a dar a las campañas electorales de Morena, Casos documentados de las campañas de Américo Villareal en Tamaulipas, Alfonso Durazo en Sonora, Rubén Rocha en Sinaloa, Marina del Pilar Ávila Olmeda en Baja California y algunos afirman, también en la campaña presidencial.
En este esquema de corrupción y financiamiento ilegal han sido mencionados como operadores personajes del poder político como el senador y ex precandidato a la presidencia por Morena, Adán Augusto López; Andy López Beltrán, Mario Delgado y Rubén Rocha Moya, sin que ninguno haya sido llamado a declarar o exista anuncio de alguna carpeta de investigación.
“No hay denuncias” contra Adán Augusto ha reiterado la presidenta; tal afirmación, lejos de cerrar el tema, abre una pregunta incómoda: ¿por qué no las hay, cuando existen reportajes, señalamientos y datos fiscales que ameritarían al menos la apertura de una investigación?
Cercanías que blindan
Según críticos, la cercanía política y personal entre Sheinbaum y Andy López Beltrán, evidente desde la campaña, explica en parte la resistencia a abrir cualquier indagatoria que pudiera tocar al núcleo más íntimo del obradorismo.
El caso de Mario Delgado resulta particularmente sensible, diversas voces lo señalan por su presunto conocimiento de redes de huachicol fiscal y por su papel histórico en uno de los episodios de corrupción más graves de la administración capitalina: la Línea 12 del Metro.
Delgado no ha sido investigado por la Línea 12 ni ha sido apartado políticamente. Por el contrario, se mantiene como operador central del régimen. Corrillos políticos y columnas especializadas cuestionan ¿qué sabe Mario Delgado que le garantiza impunidad?
¿Se trata de lealtad política o de un capital de información sensible que funciona como seguro frente a cualquier intento de investigación?
Gobernar sin tocar a intocables
Las promesas se diluyen cuando la justicia parece estancarse al borde del poder. Deslindes sin consecuencias, expedientes que no se abren, denuncias que no prosperan y declaraciones que concluyen investigaciones antes de iniciarlas. Todo configura un patrón: la ley avanza solo hasta donde no incomoda al núcleo del régimen.
La siguiente pregunta no es retórica, es política y moral: ¿puede un gobierno que se dice transformador sostenerse sobre pactos de silencio, lealtades blindadas y justicia selectiva?
Porque cada caso que se queda sin investigar, no solo protege a un personaje, debilita a toda la estructura del Estado.
X: @diaz_manuel
