El gobierno mexicano tenía conocimiento desde 2019 de la mala planeación del tramo donde descarriló el Tren Interoceánico el pasado domingo, debido a que se trataba de una zona de curvas y pendientes muy pronunciadas, que generaban una serie de ondulaciones en el terreno, que repercutían en la alineación de las vías.
En un reportaje publicado este martes por el periódico El Universal en primera plana, se indica que dicha conclusión se desprende de las auditorías efectuadas a los primeros contratos otorgados para corrección, pendiente y conexión de la Línea Z del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, que incluye la zona en que ocurrió el descarrilamiento, comprendida ente el kilómetro 186+100 al 242+000 del municipio de Mogoñé a La Mata, en el estado de Oaxaca.
De acuerdo con el resultado de la auditoría, la empresa estatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. (FIT), responsable de este tramo de la obra, otorgó con premura el contrato para la primera etapa de rehabilitación de esos 12.65 kilómetros a la empresa Daniferrotools S.A. de C.V, por lo que se observó una planeación deficiente de los trabajos a realizar.
La justificación de la empresa señalada ante dichas observaciones, fue que el proyecto ferroviario era una obra pública de gran complejidad, pero prioritaria para el gobierno federal, y debido a lo avanzado del ejercicio fiscal en 2019, había obstáculos para la disposición de recursos para la ejecución del proyecto, por lo que se tomó la decisión de agilizar la asignación de los contratos y así, dar cumplimiento al compromiso del gobierno para la realización de la obra.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que la rehabilitación del tramo mencionado se inició son contar con los estudios, proyectos y el programa de ejecución totalmente terminados, además de que no se permitió a los licitantes presentar una oferta que garantizara la realización continua de los trabajos.
El contrato otorgado a la empresa Daniferrotools S.A. de C.V. fue revocado y se solicitó al FIT que a la brevedad investigara e iniciara el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de servidores públicos que, en su gestión, observaron una deficiente planeación de los trabajos, pese a lo cual siguieron adelante.
En su investigación, El Universal recordó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que tenía al Corredor Interoceánico como uno de sus proyectos prioritarios, se encargó de construir una narrativa de que las comunidades indígenas de los estados por donde pasaría estaban de acuerdo mayoritariamente con el proyecto, para lo cual realizó consultas amañadas y una difusión mediática de la idea de un amplio consenso de los pueblos originarios.
Asimismo, también hizo creer que los trabajos consistían en una rehabilitación sencilla de las vías de tren ya existentes, para una obra que sería ocupada como medio de transporte por las comunidades, cuando en realidad se trataba de un proyecto comercial enfocado a atraer la inversión internacional y por lo tanto, requería vías que pudieran soportar el transporte de toneladas de mercancía; además, ofrecía una velocidad premium para su traslado del Océano Pacífico al Océano Atlántico y viceversa.
El diario también destacó que la información obtenida por medio de las auditorías públicas no permite saber si las irregularidades detectadas por la ASF en ese primer contrato para el tramo de la Línea Z fueron solventadas. Tampoco se pudieron conocer los motivos exactos de la rescisión del contrato a la firma beneficiada. De hecho, la información pública acerca de los contratos para el Corredor Interoceánico no está disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), pese a ser una obligación legal y al compromiso del gobierno de una máxima transparencia.
Pero no fueron las únicas irregularidades, la ASF también revisó el contrato otorgado en 2021, para una nueva rehabilitación del tramo donde descarriló el Tren Interoceánico; las empresas beneficiadas fueron las constructoras Torres y Asociados, S.A. de C.V., Ferro Maz, S.A. de C.V., Chiñas Construcciones, S.A. de C.V. y Grupo Constructor Janus, S.A. de C.V. por un total de 284 millones de pesos. Se documentó un probable desfalco por 229 mil pesos por el uso de una maquinaria que no se acreditó.
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