A siete años de haber dejado la gubernatura de Tabasco, documentos clave de la Secretaría de Finanzas correspondientes al sexenio de Arturo Núñez Jiménez fueron desechados como basura, pese a que auditorías federales y estatales detectaron irregularidades por más de 28 mil millones de pesos, sólo durante el último año de su administración.
El verdadero cierre del gobierno de Arturo Núñez Jiménez en Tabasco no ocurrió en diciembre de 2018. Ocurre ahora gracias al gobernador Javier May.
En junio pasado, Laureano Naranjo Cobián, exfuncionario del propio Núñez y hoy director del Archivo General del Estado, autorizó la baja documental y el desecho de 18 mil 696 kilogramos de expedientes de la Secretaría de Finanzas correspondientes al periodo 2012-2018. Es decir, al sexenio del exgobernador.
La decisión no es menor. Los documentos eliminados fueron generados durante un periodo en el que auditorías federales y estatales detectaron irregularidades por más de 28 mil 361 millones de pesos sólo en 2018, una cifra equivalente al 88 por ciento de las partidas auditadas en ese que fue el último año de su administración.
En aquel ejercicio, el presupuesto estatal rondó los 49 mil millones de pesos, lo que significa que más de la mitad del gasto tuvo observaciones por parte de los auditores.
Cuando existen observaciones de esa magnitud, la destrucción de documentos no puede explicarse como un trámite administrativo por prescripción legal. “Se trata de una decisión política orientada a desaparecer evidencias del manejo irregular de recursos públicos”, afirma Luis Trinidad Baños, secretario técnico de la Asociación Civil “Red por el Derecho a Saber”.
El gobernador que no gobernó
En el imaginario colectivo, Arturo Núñez Jiménez figura entre los peores gobernadores que ha tenido Tabasco. Su llegada al poder estuvo marcada más por una larga ambición personal, desde sus épocas juveniles, que por un proyecto de gobierno.
Tras abandonar el PRI —luego de no obtener la candidatura a la gubernatura—, Núñez logró cumplir su sueño con el respaldo de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones de 2012. Pese a su pasado como operador de los gobiernos neoliberales, incluido su papel en el aumento del IVA del 10 al 15 por ciento y en el diseño del Fobaproa, fue presentado por AMLO como “el político más completo y mejor formado” que había dado el estado.
Así fue como Núñez regresó a Tabasco, después de décadas de ausencia. Toda su carrera política la había desarrollado en la Ciudad de México, donde había sido director y subsecretario de Gobernación, así como primer director del IFE.
Con el respaldo del obradorismo que usufructuaba 14 años de repetir hasta el cansancio las acusaciones de corrupción contra el priismo tabasqueño, sin realizar una campaña territorial significativa, ganó la elección y dedicó el triunfo a su esposa, Martha Lilia López, quien durante el sexenio no se limitó al rol protocolario de primera dama, sino que ejerció el poder real al grado de convertirse en una especie de “vicegobernadora”.
El poder delegado
Durante los primeros dos años de su gobierno, Núñez concentró toda la acción pública de su gobierno en una sola cosa: una campaña mediática contra la corrupción. El acto más visible fue el encarcelamiento de su antecesor, Andrés Granier Melo, con quien mantenía una relación de compadrazgo y la medida fue celebrada ampliamente por la opinión pública al enterarse de los nexos del acusado y del acusador.
Sin embargo, mientras el gobierno se presentaba como paladín de la honestidad, el ejercicio real del poder quedaba en manos de Martha Lilia López. Ella no sólo exigió e hizo que se le otorgara autonomía presupuestal para el DIF, sino que influyó directamente en el nombramiento de administradores de dependencias y del secretario de Finanzas: su sobrino, el chiapaneco Amet Ramos Troconis.
La cruzada anticorrupción funcionó como una cortina de humo. Núñez se mostraba eficaz como anfitrión en la Quinta Grijalva, pero ausente de la conducción del estado. No hubo políticas de desarrollo ni estrategias económicas que evitaran la crisis que comenzó a gestarse en aquellos años y que aún persiste; prefería atender a sus invitados o iniciar nuevas amistades como lo ha hecho toda su vida: burlándose de su propia nariz y recitando el soneto de Quevedo que inmortaliza casos de tan extrema protuberancia.
Del discurso al saqueo
Pero el “Caso Granier” no le iba a servir para siempre y con el paso de los años, comenzaron a aflorar los mismos vicios que Núñez había reprochado a su antecesor: falta de transparencia en la asignación de contratos, desvíos de recursos, redes empresariales favorecidas, con énfasis en empresas chiapanecas, y un deterioro acelerado de las finanzas públicas, con el uso de deuda pública para pagar gastos operativos.
Para dimensionar el contraste, mientras a Granier se le sentenció por un desvío de 196 millones de pesos, las auditorías del último año del gobierno de Núñez detectaron irregularidades por más de 28 mil millones de pesos.
El final formal de ese sexenio fue caótico. Martha Lilia López fue retenida durante más de ocho horas dentro de su camioneta por trabajadores del Hospital del Niño que exigían el pago de aguinaldos, y el gobernador constitucional no acudió a la toma de protesta de su sucesor. Ambos abandonaron el estado en medio de protestas que paralizaron la capital.
Impunidad y borrado de pruebas
A finales de 2018, Adán Augusto López Hernández, sucesor de Núñez, acató la instrucción de Andrés Manuel López Obrador, entonces presidente electo, de no reeditar el “caso Granier” con el primer gobernador de oposición en la historia del estado. Existía, no obstante, un acuerdo para procesar al exsecretario de Finanzas, Amet Ramos Troconis, en los primeros años del nuevo sexenio.
Sin embargo, la repentina muerte de éste, en circunstancias nunca aclaradas —sin exhibición pública del cuerpo y con cremación realizada apenas dos horas después, con permisos expedidos en la Delegación Cuauhtémoc de la CDMX, donde laboraba Néstor Nuñez, hijo del ex gobernador—, cerró la posibilidad de cualquier investigación de fondo.
Hoy, la destrucción masiva de documentos completa el círculo de impunidad.
Lo que no se quiso investigar cuando Núñez dejó el poder, se borra en estos días del archivo público y puede decirse que el sexenio de Arturo Núñez no sólo terminó sin rendición de cuentas, sino que está siendo literalmente eliminado de la memoria institucional del estado.
