La presidenta Claudia Sheinbaum, evitó hacer cualquier crítica a la compra de camionetas blindadas por parte de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y no solo eso, sino que justificó la acción con el argumento de que se ahorraron recursos porque anteriormente había un contrato de renta de vehículos que implicaba una erogación mayor a la que ahora se hizo.
“La Secretaría de Gobernación hizo una consulta en el Comité de Administración y nos dieron una nota informativa; había un contrato de renta de vehículos y decidieron sustituirlo por la compra y ahorraron más de mil millones de pesos en este proceso…Obviamente la Corte, el Comité de Administración tiene que informar sobre esta adquisición”, manifestó.
Cuestionada acerca de las razones de seguridad que adujo la SCJN en su comunicado de prensa para explicar el blindaje de las camionetas, la mandataria dijo desconocer si los ministros habían recibido amenazas o algo por el estilo y evadió ahondar en el asunto al señalar que corresponde a la Corte contestar ese tipo de preguntas.
“Yo creo que todo eso tiene que explicarlo la Corte; yo solo informo de que lo que preguntamos el día de ayer y, muy amablemente, nos pasaron esa información”, dijo antes de cambiar de tema.
Antes de la renovación del Poder Judicial, Sheinbaum siguió la misma línea discursiva de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, en contra de los privilegios que tenían los anteriores ministros de la SCJN y en más de una ocasión presumió que con la elección de junio pasado, eso se había terminado.
En su conferencia de prensa del 1 de julio de 2025, se dijo convencida de que los ministros recién electos vivirían en la justa medianía, sin los privilegios de que gozaban quienes aún permanecían en esa encomienda en el máximo tribunal del país.
“Todo esto que hoy tienen, pues no…. son servidores públicos, y como tal si quieren pagarlo de su salario, es su derecho, pero no tienen por qué usar recursos públicos para privilegios específicos de los que hoy gozan”, dijo en aquel momento.
Asimismo, cabe recordar que en mayo de 2023, luego de que la SCJN echara abajo el llamado “Plan B”, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra los ministros utilizando un documento que elaboró la bancada de Morena en el Senado, en la que se enlistaban los privilegios que tenían los integrantes del máximo tribunal del país, y que a su juicio, tenían que terminar.
Entre esa lista de 40 “privilegios” mencionó sueldos y prestaciones mayores a los del Presidente de la República y pensiones superiores a los de la mayoría de los servidores públicos; asimismo añadió que cuentan con un comedor especial, presupuesto para contratar personal, vehículos blindados, apoyos para gasolina y apoyos para el pago de peaje en autopistas.
“Por eso rechazaron el llamado Plan B, porque el Plan B era impedir estos excesos en la Corte, en el INE y en el Tribunal Electoral, pero si se aprobaba la ley, pues entonces tenía que aplicarse a ellos, que lo cierto están violando la Constitución”, declaró en su mañanera del 11 de mayo de aquel año.
El periodista Salvador García Soto dio la primicia y el periódico Reforma publicó como nota principal que los Ministros de la SCJN estrenaron camionetas Grand Cherokee de lujo, a un costo de 1 millón 500 mil pesos, más el blindaje del que fueron dotadas, con un costo de casi 2 millones de pesos. Es decir, el precio final de cada camioneta fue de tres millones de pesos.
Tras la ola de reacciones y críticas, la SCJN emitió un comunicado de prensa en el que admite la adquisición de los vehículos, aduciendo razones de seguridad que era necesario cumplir dada la “alta responsabilidad” que tienen los ministros.
“Con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas de seguridad y protección de la integridad personal de quienes desempeñan funciones de alta responsabilidad institucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó la decisión de renovar la flotilla vehicular asignada a ministras y ministros, mediante la adquisición de nueve unidades”, se lee en el boletín.
Aun cuando en su toma de protesta, el ministro Hugo Aguilar prometió una nueva Corte austera y cercana al pueblo, donde los privilegios llegarían a su fin, en el comunicado de la SCJN se justificó que la compra estuvo apegada a la normatividad. Es decir, esta vez, el uso de vehículos blindados ya no fue considerado un privilegio, como en las pasadas administraciones.
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