No solamente fue el asunto de la adquisición de camionetas de lujo; otros escándalos han derrumbado el discurso de austeridad de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como la revelación de los gastos de la ceremonia prehispánica en la que “tomaron protesta”, una factura por un retrato de la ministra Lenia Batres y el viaje en primera clase de la ministra Loretta Ortiz, entre otros.
Tras la polémica desatada por la adquisición de camionetas blindadas a un costo unitario aproximada de 3 millones de pesos, el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, ofreció una conferencia de prensa con la que trató de atemperar la ola de críticas, confirmando la decisión de que los ministros habían resuelto no usar los vehículos como una muestra de que la Corte “escucha y reacciona”.
Previamente, en sus redes sociales, había informado que se iniciaría el proceso para devolver las camionetas, o en su defecto, ponerlas a disposición de jueces que, por razones de seguridad, requirieran trasladarse en ellas.
Pese al anuncio de no usar las camionetas, Aguilar Ortiz insistió en que su compra no fue un capricho y se hizo de conformidad con lo establecido en la ley, además de asegurar que se compraron a un precio menor que el de mercado; también subrayó que no tiene ningún inconveniente en trasladarse “como cualquier persona”, ya sea en su propio coche, transporte público o a pie.
“La decisión no fue subjetiva, caprichosa o arbitraria, está justificado, pero podemos andar como cualquier ciudadano común, podemos ir en Metro, autobús, vuelo, en nuestros propios vehículos”, manifestó.
Respecto a las razones de seguridad a las que invocaron para comprar las camionetas, el ministro presidente precisó que no se debía a amenazas o situaciones relacionadas con delincuencia, sino a “seguridad vial”, pues en los recorridos que se comprometieron a realizar por el interior de la república, habían tenido algunos percances con los vehículos utilizados, que se compraron en las gestiones anteriores.
“No me sentí con derecho de decidir sobre la seguridad vial de compañeros y compañeras, por eso tomamos la decisión de solicitar al Órgano de Administración de Justicia, la adquisición de vehículos”, indicó.
Otra controversia que implicó a la nueva SCJN, fue la revelación de los costos del ritual prehispánico en el que participaron como parte de su toma de protesta; de acuerdo con información recabada por el diario El Universal, el costo de la ceremonia fue de 1.2 millones de pesos, sin incluir el precio de los bastones de mando que los ministros recibieron, pues ese dato no se proporcionó.
Una controversia más, involucró a la ministra Lenia Batres, luego de que en redes sociales se divulgara una factura para la elaboración de un retrato al óleo por un costo de 40 mil pesos. Al respecto, la SCJN publicó una tarjeta informativa en la que admite la autenticidad del documento, sin embargo, adujo “omisión” de haberlo dejado en el sitio de transparencia de la Corte, toda vez que el cuadro no se realizó por “compromisos profesionales” de la artista elegida para su realización. En tanto, la ministra Batres usó su cuenta de X para asegurar que nunca “le van a encontrar nada”, además de presumir que ella y su equipo le han ahorrado a la SCJN más de 20 millones de pesos.
La ministra Loretta Ortiz, también se vio envuelta en una polémica, tras las críticas por realizar un viaje en primera clase a Costa Rica, situación que contraviene la austeridad de la que se presume en la 4T; argumentó que las razones de su estancia en el país centroamericano fue para participar en la inauguración del Año Judicial Interamericano 2026 y en la Primera Edición del Seminario Interamericano de Derechos Humanos.
Los escándalos que en poco más de tres meses han envuelto a la nueva SCJN, han derribado el discurso de austeridad y de “cercanía con el pueblo” que el ministro presidente Hugo Aguilar pronunció en la ceremonia formal de toma de protesta el pasado 1 de septiembre.
arg
