El gobierno federal intenta cerrar el caso del Tren Interoceánico con una coartada conocida: culpar al eslabón más débil para exonerar al poder. La tarde de este lunes 27 de enero, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, afirmó que el responsable del accidente que dejó 14 personas muertas y más de un centenar de heridos fue el conductor, por circular a exceso de velocidad.
Con esa declaración, la FGR dio carpetazo político al caso y liberó de toda responsabilidad a funcionarios, mandos administrativos y autoridades encargadas de la operación y supervisión del tren, entre ellos Gonzalo López Beltrán, vinculado al proyecto ferroviario e hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Ya este martes, en la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum optó por la misma ruta: habló del pago a las víctimas, pero evadió cualquier referencia a las responsabilidades del Estado. Aseguró que los trenes federales son operados por personal “experimentado”, omitiendo deliberadamente un dato central: la tripulación del tren que descarriló el 28 de diciembre no contaba con licencias vigentes ni con exámenes médicos actualizados.
Otra vez, la negligencia criminal de la 4T
Las omisiones de la presidenta y de la fiscal no son menores: son graves y documentadas. Una investigación revelada por Latinus demuestra que Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, organismo dependiente de la Secretaría de Marina, permitió operar al conductor, al maquinista y al garrotero sin licencia federal ferroviaria vigente. Peor aún: el gobierno también permitió que laboraran sin someterse a exámenes médicos, un requisito elemental de seguridad.
La Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, en su artículo 40, y la Ley de Vías Generales de Comunicación, en su artículo 126, establecen con claridad que Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec debe “vigilar y constatar” que su personal cuente con licencia federal vigente. No lo hizo.
El propio garrotero Juan Carlos Ojeda Cruz lo reconoció en su declaración ministerial:
“Seguí operando con la licencia vencida porque la empresa Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec no me había suspendido para realizar mis funciones, pues son ellos los que nos mandan a realizar la renovación, dado que la licencia se va renovando cada dos años”.
Aunque el Tren Interoceánico sea operado por una entidad vinculada a la Secretaría de Marina, la supervisión del servicio ferroviario es competencia del regulador federal, sin excepción. La ley es clara: el Estado está obligado a garantizar la seguridad operativa, la competencia técnica del personal, las certificaciones y la aptitud médica de quienes conducen trenes. El Estado falló.
Por omisión, por negligencia y por encubrimiento, el gobierno de Claudia Sheinbaum es responsable de esta tragedia.
A ello se suma otro dato alarmante: el Tren Interoceánico no contaba con certificaciones internacionales, únicamente con avales nacionales. Si el régimen fue incapaz de garantizar algo tan básico como licencias vigentes para la tripulación, ¿qué valor real tienen las certificaciones que presume?
No es casual que solo después de la tragedia la presidenta anunciara que el tren dejará de transportar pasajeros hasta obtener certificación internacional. La prevención llegó tarde; el costo ya fue en vidas humanas.
Exonerado Bobby López Beltrán, Sheinbaum anuncia que el Tren Interoceánico dejará de transportar pasajeros hasta tener certificación internacional. La seguridad llegó después de 14 muertos.
La presidenta presume maquinistas “experimentados”, pero conductor, maquinista y… pic.twitter.com/Mdlm5d7hNV
— Alejandra Escobar (@AleEsat) January 28, 2026
Finalmente, hay una omisión más que agrava la responsabilidad gubernamental. Reforma reveló que, aunque el conductor circuló a exceso de velocidad durante más de una hora en un trayecto de 76 kilómetros, nadie lo alertó ni lo detuvo. El tren carecía de un sistema de frenado automático y ningún supervisor de la Marina ni del gobierno federal intervino.
No fue un accidente inevitable. Fue el resultado de una cadena de negligencias de la 4T.
