En la gestión como director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza se han entregado contratos millonarios a excontratistas de Petróleos Mexicanos (Pemex), así como a redes empresariales vinculadas con políticos de Morena en diferentes entidades de la república.
De acuerdo con un reportaje del sitio digital especializado en temas financieros El CEO, entre enero y septiembre de 2025 el Infonavit entregó 96 contratos para la construcción de 100 mil viviendas por un monto global de 50 mil millones de pesos; algunos de ellos se entregaron a 13 grupos empresariales que en conjunto concentran poco más de 14 mil millones de pesos.
Tres de estos grupos, que se vieron beneficiados por un monto global de 4 mil 488 millones de pesos, fueron contratistas de Pemex en el tiempo en que Romero Oropeza estuvo al frente de la empresa paraestatal y desempeñaban funciones como el transporte de hidrocarburos y el desarrollo de infraestructura petrolera; ahora, se dedicarán a construir casas.
Una de ellas es Inmobiliarios Mexicanos S.A. de C.V., encabezada por el empresario Rolando Cantú Barragán, oriundo de Tamaulipas. A esta firma se le otorgó por adjudicación directa un contrato por 598 millones de pesos para la construcción de mil viviendas en el estado de Veracruz.
Cantú Barragán junto con su hermano Javier es propietario de Transportes Internacionales Tamaulipecos S.A. de C.V. (TITSA), empresa con la que obtuvo contratos en Pemex por más de mil 700 millones de pesos para transportar hidrocarburos que, en teoría, estarían vigentes hasta finales de este año, sin embargo, el 16 mayo de 2025 la firma suspendió sus labores de transportación de hidrocarburos porque Pemex, no le había pagado desde 2024. Pero una semana atrás, el empresario ya había obtenido el contrato con el Infonavit.
Interservicios de Tabasco fue otra de las empresas beneficiadas por la adjudicación directa de contratos millonarios; está encabezada por Óscar Rafael Garza Adame y su hijo, Oscar Rafael Garza Ravers, quienes también han fungido como proveedores de Pemex durante la gestión de Octavio Romero Oropeza, a través de diversas sociedades.
Por ejemplo, Garza Ravers, obtuvo 6.6 millones de dólares por parte de Pemex a través de la firma Metal Mecánica PGB, por la adquisición de tuberías y herramientas para pozos petroleros. En tanto, a través de Grúas Mendoza, también de su propiedad, obtuvo mil 959 millones de pesos para transportar materiales relacionados con el ramo petrolero.
Ahora, esta familia tabasqueña ha recibido un jugoso contrato por 3 mil 335 millones de pesos para la construcción de 6 mil 64 viviendas en diversos municipios de Tabasco.
Además de los contratistas de Pemex, Romero Oropeza ha beneficiado a redes inmobiliarias conectadas por poderosos grupos de políticos locales en diversos estados del país. Por ejemplo, en Veracruz, las empresas Azteca Construcciones Industriales, Amebi y Patrimonio Provisa, obtuvieron en conjunto contratos por mil 700 millones de pesos para la construcción de viviendas.
De ese total, Azteca Construcciones Industriales recibió 554.4 millones de pesos; la empresa es propiedad de Mariano Acosta López, vinculado a la familia Yunes, ampliamente conocida en Veracruz. Acosta López “prestó” al senador Miguel Ángel Yunes Márquez, expanista y ahora morenista, un departamento para acreditar que vivía en México, cuando sus opositores decían que radicaba en Estados Unidos.
Esta firma también fue contratista de Pemex; la paraestatal le dio en 2015 un total 230 millones de pesos para el mantenimiento de plataformas terrestres y perforación de pozos, pero el contrato se mantuvo vigente hasta 2021, ya con Romero Oropeza al frente de la paraestatal.
Por lo que respecta a Amebi y Patrimonio Provisa obtuvieron en conjunto cuatro contratos por un monto de mil 161 millones de pesos para la construcción de viviendas en Oaxaca y Veracruz. Las firmas están por un grupo de empresarios, entre ellos, Vanessa Lobeira, hermana de Patricia Lobeira, quien fuera esposa de Miguel Ángel Yunes Márquez.
En Tabasco, su estado natal, Romero Oropeza también ha beneficiado con contratos de vivienda a empresas que tienen nexos con poderosos políticos de Morena, uno de ellos, Adán Augusto López. Una de ellas es Construvivienda Tecnológica, encabezada por Gerardo García Linares, quien ha sido socio de negocios de Manuel Alberto Pinto Castellanos, concuño de López Hernández. La firma obtuvo mil 651 millones de pesos para edificar 2 mil 892 casas en Huimanguillo.
Otra empresa, Terravías, que anteriormente se dedicaba a la construcción de carreteras, ahora recibió un contrato por 211 millones 200 mil pesos para la construcción de 384 viviendas en Centro, Tabasco. Uno de sus dueños es Carlos Jesús Santandreu, hermano de Manuel Santandreu, identificado como uno de los contratistas favoritos de Adán Augusto López durante su gestión como gobernador.
El CEO también documentó que el Infonavit también adjudicó contratos a inmobiliarias señaladas por despojo en la zona sureste del país. En ellas, destaca Crear Hogares del Sureste, encabezada por Pedro Solís Millet, a la que se acusó de despojar de 133 hectáreas a ejidatarios de Baca, Yucatán, pese a lo cual ahora obtuvo un contrato por 476.3 millones de pesos para construir 866 casas en el municipio de Tizimín, en la misma entidad.
Yucasa, empresa multada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por deforestación ilegal, obtuvo un contrato por 2 mil 948 millones de pesos para edificar 5 mil 360 casas en Mérida. La firma pertenece a la familia Lago Molina y al empresario Rodrigo Rosas Cantillo.
El funcionario responsable directo de firmar prácticamente todos los contratos para el plan denominado Viviendas del Bienestar, fue Marcos Manuel Herrería Alamina, ihombre de confianza de Octavio Romero Oropeza desde su gestión en Pemex y quien actualmente ocupa el cargo de secretario general del Infonavit, además de apoderado legal de la empresa Infonavit Constructora, creada en marzo de 2025, para llevar a cabo el programa de vivienda del gobierno de Claudia Sheinbaum.
El reportaje detalla que las viviendas de este ambicioso proyecto se construyen bajo el esquema conocido como “llave en mano”, el cual consiste en que el Infonavit contrata a una empresa para hacerse cargo de la adquisición del terreno, urbanización, construcción y entrega final de las viviendas. El Instituto le paga directamente a esa firma y los trabajadores que adquieren las casas mediante un crédito deberán liquidar a largo plazo con el propio Infonavit.
Dicho esquema no contempló licitaciones públicas convencionales, como debería ocurrir en procedimientos para obra pública. La selección de las empresas se realizó de forma discrecional, a partir de invitaciones y evaluaciones internas, lo cual limita la competencia entre desarrolladores.
El CEO solicitó la postura del Infonavit antes de la publicación del reportaje, pero no obtuvo respuesta.
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