Cuando un gobierno construye su narrativa sobre castillos de naipes, no sorprende que el viento de la realidad termine por derribarlos.
Eso es lo que ha ocurrido con los argumentos que justificaron la desaparición del Poder Judicial durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Uno a uno, esos pilares discursivos se han venido abajo, revelando que la reforma no buscaba corregir excesos, sino eliminar un verdadero contrapeso.
El primer argumento fue el más repetido: “el Poder Judicial está corrompido”.
Una acusación amplia, útil para el discurso, pero jamás acompañada de diagnósticos serios, auditorías independientes o rutas institucionales para corregir lo que supuestamente estaba mal.
La corrupción se convirtió en un comodín, para ganar la partida, no en una política pública.
El segundo argumento apuntó a los “gastos excesivos”. Se habló de lujos, privilegios y despilfarros. Sin embargo, nunca se explicó por qué, si el problema era el gasto, la solución no debía de ser desmontar la estructura judicial completa en lugar de corregir sus prácticas administrativas. La austeridad se volvió solo un eslogan, no un criterio.
El tercer argumento fue el más extravagante: elegir jueces y magistrados por tómbola. Un método que prescindía de conocimientos, experiencia, trayectoria o especialización. Como si la justicia fuera una rifa y no una función de Estado que exige conocimiento, responsabilidad y profesionalismo.
El cuarto argumento insistió en que “el pueblo debe elegir a los jueces”. Una frase seductora, pero profundamente engañosa: sin información, sin formación jurídica, sin mecanismos de evaluación, la elección se convirtió en un una oportunidad de vulgar manipulación.
Y llegó el quinto argumento, el más absurdo y más evidente: la inducción al voto mediante un proceso confuso, acompañado de “acordeones” que sugerían a la ciudadanía por quién votar. Una elección compleja, diseñada para que la gente eligiera a ciegas a perfiles afines al sistema político en turno. El resultado: un Poder Judicial alineado con el gobierno, no con la Constitución.
Hoy, los resultados están a la vista.
Los supuestos excesos de gasto no desaparecieron: simplemente cambiaron de manos y en verdadero exceso.
La ignorancia legal de buena parte de quienes fueron electos ya genera errores graves en la conducción de tareas delicadas. Y lo que se prometió como una “purificación” terminó siendo un debilitamiento institucional que dejó al país sin un contrapeso real, sumidos en un verdadero caos judicial.
La evidencia más reciente es contundente:
El Órgano de Administración Judicial (OAJ) pagará 255 millones 102 mil pesos a la empresa Amazing Trade de México S.A. de C.V. por el servicio de comedor para 2026.
La reforma que prometía acabar con los dispendios terminó multiplicándolos: togas ridículas y costosas, camionetas blindadas, ceremonias milenarias millonarias… y ahora, contratos que contradicen todo el discurso de austeridad.
Lo que se vendió como una transformación histórica empieza a mostrar su verdadero rostro: un error monumental cometido para desmantelar un equilibrio esencial en cualquier democracia. Un error que hoy se paga con improvisación, opacidad y un Poder Judicial debilitado justo cuando más se necesita.
Al final, los argumentos para desaparecer el poder judicial anterior, no cayó por presión externa, sino por la fragilidad de sus propios argumentos y de gente ávida de poder y de recursos que mostró su verdadero rostro.
